
Piden al Municipio que informe si funciona el Programa “Juegotecas Barriales”
La iniciativa busca que el Departamento Ejecutivo detalle el estado de implementación del programa, destinado a brindar espacios de recreación y juego para niños y niñas de entre 3 y 12 años que residen en los barrios donde funcionan estas juegotecas.
La Ordenanza establece que las Juegotecas Barriales tienen como finalidad generar ámbitos lúdicos y recreativos que promuevan el desarrollo infantil, fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios y contribuyan a la integración barrial. Además, prevé la difusión y promoción de los derechos de las infancias, así como la articulación con instituciones educativas, sanitarias y organizaciones de cada comunidad.
Entre sus objetivos también se encuentran la creación de espacios saludables para abordar, a través del juego, problemáticas de la vida cotidiana, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la promoción de la integración de vecinos e instituciones de cada barrio.
Asimismo, la normativa dispone que cada juegoteca cuente con personal rentado integrado por profesionales, técnicos y trabajadores comunitarios especializados en infancia, adolescencia, recreación y juego, además de personal de limpieza y encargado de la elaboración de las meriendas. También promueve la participación voluntaria de vecinos que deseen colaborar.
En cuanto a la infraestructura, la Ordenanza fija requisitos mínimos para el funcionamiento de estos espacios, entre ellos un salón amplio, con iluminación natural, ventilación adecuada y sanitarios aptos para niños y adultos. También contempla la disponibilidad de juegos didácticos, mesas y sillas, juguetes, disfraces, títeres, libros, una computadora con fines educativos y recreativos, un equipo de música y los elementos necesarios para la preparación de las meriendas.
Con el pedido de informes, La Libertad Avanza busca conocer el nivel de cumplimiento efectivo de la ordenanza y el estado actual del programa, a más de una década de su creación.
Como se señaló, la Ordenanza N° 10.830 fue sancionada en el año 2011. En ese tiempo, el Municipio era gobernado por el justicialista Pablo Bruera.



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