El requerimiento fue presentado por los abogados del particular damnificado, Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, quienes adhirieron al pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic. Si bien acompañaron la acusación oficial, sostuvieron que la prueba reunida durante la investigación permite afirmar, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, que el asesinato también tuvo una motivación discriminatoria vinculada a la orientación sexual de la víctima.
Actualmente, Nicolás Damián Arévalo y Jonatan David Perunetti están procesados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, en concurso ideal con robo, mientras que un tercer imputado enfrenta cargos por encubrimiento.
Para fundamentar el pedido, la familia sostiene que la violencia desplegada durante el ataque excedió ampliamente la necesaria para concretar el robo. En ese sentido, recordó que Mieres fue golpeado, desnudado, atado de pies y manos, amordazado y finalmente estrangulado, circunstancias que —según la presentación— revelan una "dimensión adicional de sometimiento, humillación y castigo".
Uno de los principales argumentos apunta a la utilización de una remera con la inscripción "Decente" para provocar la asfixia de la víctima. Para la querella, ese elemento adquiere un fuerte contenido simbólico cuando se analiza junto al resto de la escena y constituye un indicio de que el crimen también estuvo dirigido contra la identidad y la orientación sexual de Mieres.
La presentación remarca además que la víctima era una persona homosexual y militante de la comunidad LGBTIQ+, condición conocida por quienes frecuentaban la zona y, según distintos testimonios incorporados al expediente, también por los acusados.
Como respaldo, los abogados citaron antecedentes judiciales, entre ellos la sentencia por el crimen de Tehuel de la Torre, y señalaron que este tipo de homicidios puede acreditarse mediante un conjunto de indicios, sin necesidad de una manifestación explícita de odio por parte de los autores.
La decisión quedará ahora en manos del juez de Garantías, quien deberá resolver si incorpora la agravante solicitada antes de elevar la causa a juicio. De prosperar el pedido, será el Tribunal Oral el encargado de determinar durante el debate si el asesinato de Pedro Pablo Mieres constituyó no solo un homicidio cometido para facilitar un robo, sino también un crimen motivado por odio a la orientación sexual de la víctima.
