La situación de Albertina Mangini Ortolani, la exfuncionaria del Patronato de Liberados detenida en La Plata por una presunta estafa millonaria, sumó una nueva preocupación para la Justicia: una pericia oficial advirtió que podría encontrarse en una situación de riesgo dentro del penal debido a su trayectoria laboral.
El informe fue realizado por dos profesionales de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, quienes analizaron las condiciones de detención de Mangini y recomendaron adoptar medidas específicas de cuidado. Según concluyeron, su desempeño en la Justicia penal, donde estuvo en contacto con detenidos y sus familiares, podría colocarla en una posición vulnerable dentro del ámbito penitenciario.
La advertencia se conoce mientras la defensa mantiene planteos vinculados con el estado físico y psicológico de la detenida. Mangini permanece alojada en la Alcaidía Roberto Pettinato y, de acuerdo con los informes incorporados al expediente, perdió seis kilos desde el comienzo del encierro.
Una evaluación penitenciaria fechada el 21 de agosto estableció que pesa 45,3 kilos y registró una disminución de masa muscular y prominencias óseas visibles. También se consignaron falta de apetito, ansiedad, angustia y un cuadro de sintomatología ansioso-depresiva, con llanto frecuente y necesidad de tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos.
Frente a ese cuadro, se ordenaron estudios para descartar desnutrición y se indicó una dieta hipercalórica, rica en fibras y acompañada por suplementos tres veces al día. El juez Agustín Crispo también requirió la intervención de la Asesoría Pericial para profundizar la evaluación.
El nuevo informe no ordena que Mangini abandone la cárcel ni dispone un arresto domiciliario. La cuestión que queda planteada es si las medidas de protección recomendadas pueden aplicarse de manera efectiva dentro del penal. Si no fuera posible, la defensa podría utilizar esa circunstancia para reforzar un pedido de morigeración de la detención.
La Cámara de Apelaciones de La Plata ya rechazó semanas atrás un hábeas corpus presentado por sus abogados, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina. Ahora, la pericia oficial incorpora un nuevo elemento al debate sobre las condiciones en las que la exfuncionaria debe permanecer detenida mientras avanza la causa.
Mangini está imputada por asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos y lavado de activos agravado por su función pública. La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, apunta contra una presunta organización que habría captado personas vulnerables para obtener sus datos personales y biométricos, abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar dinero de origen ilegal.
La pesquisa calcula un movimiento de unos 27.000 millones de pesos y sostiene que parte de los fondos habría sido direccionada hacia un circuito de juego ilegal para luego perder su trazabilidad. Hay varios detenidos y otros sospechosos bajo investigación, mientras se analizan teléfonos, computadoras y documentación secuestrada durante los allanamientos.
Así, el expediente suma una nueva tensión: mientras la fiscalía avanza sobre la presunta estructura financiera de la organización, la Justicia deberá determinar también si las condiciones actuales de detención de Mangini permiten garantizar su integridad dentro del penal.
