Javier Milei decidió levantar la bandera argentina justo cuando la conversación pública posterior al Mundial convirtió al agravio nacional en un negocio político rentable. Mediante el DNU 681/2026, el Gobierno incorporó nuevas razones para impedir el ingreso al país, cancelar residencias o expulsar extranjeros que inciten a la violencia contra los argentinos, difundan mensajes de odio motivados por la nacionalidad o participen de actos de ultraje contra los símbolos patrios.
El decreto intenta marcar un límite jurídico entre esas conductas y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución. La distinción parece prolija sobre el papel. El problema comienza cuando la Casa Rosada debe explicar por qué el patriotismo recién adquirido se vuelve implacable con el extranjero, pero extraordinariamente comprensivo con los integrantes del propio dispositivo de poder.
La contradicción tiene nombre y banca en el Congreso. Sabrina Ajmechet integra La Libertad Avanza y permanece alineada con Milei pese a haber escrito en 2012 que las Malvinas "no son ni nunca fueron argentinas". El viejo mensaje volvió a circular en abril de este año y generó un cruce con Victoria Villarruel. Ajmechet reconoció la existencia del posteo, sostuvo que había sido equivocado y defendió su actual compromiso con el reclamo argentino.
La aclaración puede formar parte de una revisión personal legítima. Lo que no desaparece es el contraste político: mientras el Poder Ejecutivo construye una herramienta migratoria alrededor de la protección de la identidad nacional, una diputada de su bloque que negó el núcleo de la reivindicación soberana argentina sigue ocupando un lugar relevante dentro del oficialismo.
La patria termina donde empieza el organigrama
Ajmechet no es la única incomodidad bajo la alfombra libertaria. Demián Reidel, entonces jefe del Consejo de Asesores de Milei, presentó ante empresarios e inversores las ventajas argentinas para instalar centros de datos y desarrollar inteligencia artificial. Enumeró tierra, energía, agua, bajas temperaturas y ausencia de grandes catástrofes naturales. Después remató que el problema era que esas áreas estaban "pobladas por argentinos" y sugirió que el Gobierno estaba corrigiendo esa dificultad. Más tarde pidió disculpas por el malentendido.
No se trata de equiparar automáticamente aquellas expresiones con las conductas previstas por el nuevo DNU. La propia norma excluye el disenso ideológico y la crítica política, y cualquier sanción debe respetar el debido proceso. El punto es otro: el Gobierno pretende administrar la argentinidad como una credencial de ingreso mientras dentro de su estructura convive con dirigentes que han tratado la población, la soberanía o los símbolos nacionales como estorbos retóricos.
La política migratoria ya había sido endurecida en 2025 con mayores controles, nuevas causales de expulsión y más facultades para Migraciones. Ahora Milei agrega una capa emocional: el Estado no solo vigilará antecedentes, residencias e ingresos irregulares, sino también determinadas manifestaciones consideradas hostiles contra la Nación.
Esa ampliación abre una zona delicada. La autoridad administrativa deberá decidir dónde termina una opinión desagradable y dónde comienza un mensaje de odio. El Gobierno asegura que la crítica seguirá protegida, aunque deja en manos del mismo Poder Ejecutivo que redactó la categoría buena parte de su interpretación.
En términos de poder, el movimiento es más sencillo que su envoltorio jurídico. Milei captura una sensibilidad extendida, convierte la defensa nacional en herramienta de control migratorio y recupera para sí un lenguaje patriótico que durante años despreció como una reliquia colectivista. Pero lo hace sin revisar a fondo su propia tropa.
Para el visitante habrá frontera, expediente y amenaza de expulsión. Para el funcionario cercano o la diputada necesaria habrá contexto, explicación y segunda oportunidad. En la Argentina libertaria, el ultraje parece imperdonable hasta que aparece en la lista propia.
