La disputa por la tierra volvió a instalarse en el centro de la pelea política. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la desregulación del mercado de tierras rurales y elimina restricciones para la adquisición por parte de extranjeros, el peronismo bonaerense decidió plantar una bandera exactamente en el sentido contrario. La batalla ya no pasa solamente por una norma jurídica. Detrás de los artículos y los porcentajes aparece una pregunta mucho más profunda: quién controla el territorio y hasta dónde un Estado está dispuesto a resignar capacidad de decisión sobre sus recursos estratégicos.
El proyecto ingresó en la Legislatura bonaerense de la mano de los diputados Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero. La propuesta establece que la titularidad extranjera de tierras rurales no podrá superar el 15% tanto del total provincial como de la superficie de cada municipio. No es un número elegido al azar. Es, al mismo tiempo, una respuesta política a la decisión de la Casa Rosada de eliminar la normativa nacional que regulaba estas operaciones.
La soberanía también se discute sobre el mapa
Sería ingenuo ignorar el oportunismo político. El peronismo encontró un tema capaz de interpelar incluso a sectores alejados de su electorado tradicional. La defensa del territorio, del agua y de la producción local tiene una potencia simbólica que excede cualquier campaña. Pero reducir la discusión únicamente a una jugada opositora también sería quedarse en la superficie.
La iniciativa propone crear un Registro Provincial de Tierras Rurales para transparentar la titularidad de los inmuebles y conocer quiénes son los beneficiarios finales detrás de cada operación inmobiliaria o societaria. En tiempos donde las estructuras empresarias pueden diluir propietarios reales detrás de múltiples sociedades, el control sobre la información también se convierte en una herramienta de poder.
El proyecto incorpora además una categoría especialmente sensible: las denominadas zonas de protección territorial estratégica. Allí quedan comprendidos humedales, cuencas hídricas, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios vinculados con la agricultura familiar. Para cualquier operación sobre esos espacios se exigiría autorización previa y podrían rechazarse transacciones que afecten el acceso al agua, la producción de alimentos o el arraigo de las comunidades locales.
El contrapunto con la visión del Gobierno nacional es evidente. Milei sostiene que la apertura irrestricta favorece inversiones y dinamiza el mercado. En La Plata responden que existen activos cuyo valor excede cualquier tasación inmobiliaria. La tierra no es solamente un bien comercializable: también constituye infraestructura natural, capacidad productiva y un instrumento de proyección geopolítica.
La discusión recién empieza y probablemente termine atravesada por discursos patrióticos de ambos lados. Pero detrás de la épica siempre aparecen los intereses. Porque cuando la política debate sobre la tierra, rara vez está discutiendo únicamente hectáreas. Está discutiendo poder. Y en Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la producción agropecuaria del país, esa palabra nunca es un detalle.
