Javier Milei hizo de la palabra “empresaurio” una categoría política. El término apunta al empresario que habla de competencia y mercado pero, cuando llega el momento, busca protección, beneficios o ventajas del Estado. El problema es que esa definición empieza a volverse incómoda cuando se aplica a uno de los empresarios más cercanos culturalmente al universo libertario. Mercado Libre obtuvo US$42 millones en beneficios fiscales en Argentina durante el primer semestre de 2026.
El dato no surge de una denuncia opositora ni de una estimación periodística. Está registrado en el propio balance presentado por MercadoLibre ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. De ese total, US$29 millones correspondieron a beneficios sobre el Impuesto a las Ganancias y otros US$13 millones a cargas sociales, mediante el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
Un año antes, el beneficio acumulado por ambos conceptos había sido de alrededor de US$30 millones. La ventaja aumentó, por lo tanto, mientras la compañía mantuvo una fuerte expansión: durante el primer semestre obtuvo una ganancia neta global de US$883 millones y registró ingresos netos y financieros por US$19.014 millones. Argentina aportó US$3.537 millones.
No estamos hablando de una empresa al borde de la quiebra ni de un rescate extraordinario. Estamos hablando de política económica deliberada: el Estado argentino decide resignar parte de su recaudación para promover determinadas actividades consideradas estratégicas.
Mercado, pero con política industrial
Ahí aparece la contradicción interesante. Mercado Libre es uno de los símbolos empresariales más utilizados para explicar las virtudes del mercado, la innovación privada y la capacidad individual para construir grandes compañías. Pero su desarrollo también convive con herramientas clásicas de política industrial.
El Régimen de Economía del Conocimiento permite reducir Ganancias y utilizar créditos fiscales vinculados con contribuciones patronales. Mercado Libre accede a esas ventajas y continuará haciéndolo, mientras cumpla las condiciones previstas, hasta el 31 de diciembre de 2029.
La empresa ya había sido beneficiaria anteriormente del régimen de promoción de software. No hay en ello ninguna ilegalidad ni secreto: son programas creados precisamente para fomentar actividades tecnológicas. El punto político es otro. Si el Estado reduce impuestos para estimular inversión, empleo o desarrollo tecnológico, entonces estamos frente a una intervención pública sobre la economía, exactamente aquello que el relato libertario suele mirar con sospecha cuando ocurre en otros sectores.
La estructura internacional de MercadoLibre agrega otra capa. La sociedad matriz está incorporada en Delaware desde 1999 y la sede ejecutiva del grupo se encuentra en Montevideo. A la vez, opera mediante subsidiarias locales que tributan en Argentina, Brasil, México y otras jurisdicciones. Argentina continúa siendo, además, una plaza relevante para sus negocios.
El beneficio también dejó huella en la carga impositiva global. En el primer semestre, la relación entre Ganancias y resultados del grupo bajó de 28,5% a 25,5%. La compañía explicó que esa reducción estuvo vinculada tanto a beneficios fiscales como a mayores deducciones obtenidas en Brasil.
Precisamente Brasil ofrece otro ejemplo. Mercado Libre mantiene allí una disputa por créditos del ICMS y reclama excluir determinados beneficios de la base de otros tributos federales. El monto en discusión alcanzaba US$152 millones a fines de junio.
Nada de esto convierte a Mercado Libre en una empresa dependiente del Estado. Sería una caricatura. Pero sí demuestra algo bastante menos cómodo para la ortodoxia libertaria: incluso las grandes corporaciones tecnológicas utilizan regímenes promocionales, créditos fiscales y arquitectura tributaria para mejorar su rentabilidad.
La discusión, entonces, nunca fue simplemente Estado contra mercado. La verdadera discusión es quién recibe el incentivo, qué actividad se decide promover y con qué criterio se llama “privilegio” al beneficio ajeno mientras el propio aparece prolijamente anotado como competitividad.
Tal vez el problema del “empresaurio” nunca haya sido recibir ayuda estatal. Tal vez haya sido no pertenecer al club correcto.
