Entidades que representan a taxistas de La Plata, Berisso y Ensenada enviaron ayer una nota al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a los intendentes de La Plata, Berisso y Ensenada, Julio Alak, Fabián Cagliardi y Mario Secco, respectivamente, para expresar su “más enérgico y firme rechazo” al nuevo sistema de carnet profesional implementado para el sector del transporte público de pasajeros.
La presentación fue firmada por representantes de Taxistas Unidos, el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), la Asociación de Taxistas de Gorina y Choferes, la Asociación de Taxistas y S.I. y otras entidades de la región.
En el escrito, las organizaciones cuestionaron que la nueva modalidad implica un fuerte incremento en los costos que deben afrontar los trabajadores. Según señalaron, un trámite que actualmente ronda los $22.000 pasaría a tener un costo cercano a los $300.000.
Los taxistas consideraron que la medida es “arbitraria” y que afecta directamente la realidad económica de una actividad caracterizada, según remarcaron, por “magras recaudaciones”. También cuestionaron la falta de consenso con los trabajadores y propietarios que desarrollan cotidianamente el servicio.
“Vulnera nuestra estabilidad laboral mediante imposiciones que afectan a nuestras magras recaudaciones”, plantearon las entidades en la nota.
Además, sostuvieron que los taxis ya cuentan con habilitación municipal y controles por parte de las autoridades competentes. En ese sentido, explicaron que los vehículos pueden trasladar pasajeros desde cualquier punto de la provincia hacia cualquier punto del país, aunque no pueden tomar viajes de otras jurisdicciones.
Las organizaciones advirtieron que el impacto de la nueva normativa sería todavía mayor para los choferes que trabajan como empleados y no son propietarios de los vehículos.
“Esta medida es un sistema recaudatorio que lo único que hace es precarizar aún más a las familias taxistas de la región que viven del taxi para subsistir”, cuestionaron.
Ante esta situación, solicitaron la suspensión urgente de la normativa y propusieron la conformación de una mesa de trabajo con las autoridades provinciales y municipales para discutir alternativas.
El objetivo, según plantearon, es consensuar políticas que permitan “enaltecer” la actividad y evitar medidas que, a su criterio, terminan asfixiando económicamente a los trabajadores del taxi.
La presentación lleva, entre otras, las firmas de Gustavo A. Vitale, presidente de Taxistas Unidos; Raúl Caballero, por CATA; Ariel Quina, secretario general de la Asociación de Taxistas de Gorina y Choferes; y Lucas Gozman, de la Asociación Taxistas y S.I.
