El crédito dejó de funcionar solamente como puente entre el ingreso presente y el consumo futuro. Para millones de argentinos se convirtió en el dinero que falta para terminar el mes. Y cuando una familia necesita financiar alimentos, servicios o gastos corrientes con préstamos personales, tarjetas o billeteras virtuales, la discusión ya no pasa por la sofisticación financiera: pasa por un salario que no alcanza. La consecuencia está a la vista. Según datos reunidos por la Cámara Argentina Fintech y Analytica, 20,8 millones de personas mantienen al menos un crédito formal y 5,8 millones acumulan atrasos superiores a 90 días.
Las billeteras virtuales ocupan un lugar cada vez más importante en esa fotografía. Antes de la pandemia, menos de medio millón de personas tenía financiamiento fintech. Hoy son 10,1 millones y 2,41 millones registran mora. Además, 3,8 millones de usuarios de estas plataformas no poseen crédito bancario. Es decir, las fintech penetraron precisamente donde el sistema tradicional no llegaba o directamente había dejado de prestar.
El crecimiento tiene otra cara. Los bancos concentran el 81,1% del crédito total a las familias, unos $67,2 billones, mientras las fintech representan 11,7%, alrededor de $9,7 billones. Sin embargo, estas últimas explican 16,3% del volumen irregular, equivalente a $2,2 billones. Los restantes proveedores reúnen apenas 7,1% del crédito, pero concentran 20,4% de la deuda irregular. No es una crisis localizada: el deterioro atraviesa prácticamente todo el financiamiento del consumo.
El problema aparece cuando se mira cuánto cuesta conseguir ese dinero. En plataformas como Mercado Pago, la más extendida del mercado, las condiciones dependen del perfil de cada cliente y pueden arrojar costos financieros efectivos anuales extraordinariamente elevados. En determinadas ofertas, el CFTEA puede superar ampliamente el 1.000%. No significa que todos los usuarios paguen esa tasa, pero alcanza para mostrar la dimensión del precio que puede tener financiarse fuera del crédito bancario convencional.
Y ahí aparece una paradoja incómoda. Quien necesita dinero porque llega sin resto al día 15 puede terminar aceptando el crédito más caro precisamente porque es quien menos alternativas posee. El riesgo elevado explica económicamente una tasa mayor. Pero cuando la tasa termina multiplicando varias veces el capital en términos anuales, el crédito deja de ser únicamente una herramienta para resolver un problema y puede convertirse en parte del problema.
Cuando la deuda privada encuentra una ventanilla pública
La magnitud alcanzada por el fenómeno ya entró en el Congreso. Un grupo de diputados pidió a la Autoridad Nacional de la Competencia investigar a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay por eventuales prácticas anticompetitivas. La presentación solicita información al Banco Central sobre tasas efectivas, costos financieros, participación de mercado, morosidad y endeudamiento durante los últimos 24 meses.
El universo a revisar es enorme: existen 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros autorizados por el BCRA. El diputado Guillermo Michel puso una cifra explosiva sobre la discusión al advertir que determinados préstamos pueden alcanzar tasas anuales del 700%. Más allá de qué determine finalmente la investigación, el interrogante regulatorio es inevitable: hasta dónde puede llegar el precio del dinero cuando quien lo demanda está financieramente acorralado.
Mientras tanto, del otro lado del mostrador comenzó otra operación. La Ciudad de Buenos Aires lanzó un programa para refinanciar deudas personales y de tarjetas con una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. Participan Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano.
La herramienta apunta a hogares con ingresos inferiores a diez salarios mínimos, compromisos financieros superiores al 30% del ingreso y deudores clasificados en situación 2 o 3 por el Banco Central. No hay condonación: se toma un nuevo crédito para ordenar obligaciones anteriores. Para una familia atrapada por tasas mucho mayores, puede representar un alivio concreto.
Pero económicamente hay otra lectura. Refinanciar al 35% una deuda cuyo riesgo de mercado exigiría una tasa considerablemente superior supone que alguien absorbe la diferencia o facilita las condiciones que hacen posible esa financiación. Allí aparece el Estado, directa o indirectamente, creando un mecanismo para descomprimir una mora originada dentro del circuito financiero privado.
El objetivo social puede ser razonable. El problema político empieza cuando se observa el sistema completo. Durante la expansión, las entidades cobran tasas determinadas por riesgo, rentabilidad y condiciones de mercado. Cuando una porción creciente de esos préstamos se deteriora, aparecen programas públicos que permiten transformar deudores morosos en créditos nuevamente cobrables y aliviar carteras que empezaban a complicarse.
No hace falta imaginar una conspiración bancaria. Es más sencillo: los incentivos están a la vista. Una refinanciación conveniente ayuda al deudor, pero también mejora las probabilidades de recupero del acreedor. El mismo préstamo que ayer amenazaba con convertirse en un activo difícil de cobrar puede volver a generar flujo cuando aparece una financiación más barata.
La Argentina está entrando así en una fase distinta de su crisis de ingresos. Primero las familias gastaron ahorros. Después utilizaron tarjetas. Luego llegaron los préstamos personales y las billeteras. Ahora crecen simultáneamente la mora, las ventas de carteras deterioradas y los programas de refinanciación.
El crédito puede financiar una vivienda, una inversión o un proyecto. Pero cuando sirve para comprar comida y después hace falta otro crédito para pagar el primero, ya no está anticipando prosperidad futura: está financiando insuficiencia presente. Y si la rentabilidad permanece privada mientras el Estado debe aparecer cuando la rueda amenaza con trabarse, la ironía se escribe sola: capitalismo para cobrar intereses, socialización para administrar las pérdidas.
