La iniciativa, denominada “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, busca salvaguardar la soberanía territorial, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, proteger los recursos naturales estratégicos y resguardar la capacidad estatal de control territorial frente a la extranjerización directa o indirecta.
En ese marco, el proyecto se fundamenta en las facultades reconocidas a las provincias por la Constitución Nacional y la Constitución bonaerense. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio, mientras que el artículo 28 de la Constitución provincial reconoce su dominio sobre el ambiente y los recursos naturales y establece el deber de preservarlos, conservarlos y garantizar su aprovechamiento racional.
La presentación de la iniciativa se produce, además, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara, por una cuestión de legitimación procesal, el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La decisión dejó nuevamente operativa esa derogación, aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto.
“La tierra, el agua y nuestros recursos naturales no son una mercancía más. Son parte de nuestra soberanía y tenemos la responsabilidad de protegerlos para las próximas generaciones. Frente a la ausencia de límites a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ejercer las facultades que le corresponden y defender su territorio”, sostuvo Berni.
Frente a este escenario, entre sus principales disposiciones, el proyecto fija en un 15% el límite de titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, tanto sobre la superficie rural total de la Provincia como en cada municipio. También establece que una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% del cupo permitido y fija un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada Zona Núcleo. Estos parámetros retoman criterios que establecía la Ley Nacional 26.737.
A su vez, la propuesta establece una protección especial para inmuebles vinculados con cuencas hídricas, humedales, islas, costas, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar, entre otras zonas consideradas estratégicas.
“No podemos permitir que la falta de regulación termine poniendo en riesgo el control sobre áreas esenciales para la producción de alimentos, el acceso al agua y el desarrollo de nuestra Provincia. Defender el territorio es también defender nuestra capacidad de decidir qué modelo productivo y de desarrollo queremos para los bonaerenses”, afirmó el senador.
En cuanto a la situación actual, según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en los fundamentos de la iniciativa, existen 834.421 hectáreas rurales en manos extranjeras en la provincia de Buenos Aires, equivalentes al 2,89% de su superficie rural. Sin embargo, la distribución presenta fuertes diferencias territoriales: en Zárate el porcentaje alcanza el 24,8% y en Campana llega al 50,2%.
Como parte de los mecanismos de control previstos, el proyecto también crea un Registro Provincial de Tierras Rurales, que tendrá a su cargo la fiscalización del régimen y la emisión de certificados de habilitación. A su vez, incorpora mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión, con el objetivo de impedir que estructuras societarias o titulares interpuestos sean utilizados para eludir las restricciones.
“Proteger nuestro territorio no es cerrar la Provincia a la inversión ni discutir el derecho a la propiedad. Es establecer reglas claras para que ningún interés económico pueda estar por encima de la soberanía, del cuidado de nuestros recursos estratégicos y de los intereses de los bonaerenses”, concluyó Berni.
En la misma línea, el senador Sergio Berni presentó un proyecto de declaración para expresar su preocupación ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto la medida cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/2023. La iniciativa advierte que esta situación vuelve a dejar sin límites la extranjerización del territorio nacional y reclama a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo del decreto, en defensa de la integridad territorial, los recursos estratégicos y la soberanía nacional.
