Un funcionario judicial, un escribano, el dueño de una inmobiliaria, policías y particulares, imputados en La Plata

La justicia penal desbarató una compleja asociación ilícita dedicada a la venta de terrenos y loteos apócrifos. Fue el resultado de 20 allanamientos en la región. Impresionante logística para intrusar lotes y adulterar la documentación. Cientos de damnificados en nuestra región.

Policiales 11 de septiembre de 2023
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A pasos agigantados avanza en el fuero penal de La Plata la megacausa en la que se investiga a una banda que realizaba usurpaciones para luego vender las propiedades con escrituras adulteradas.

Luego de los 20 allanamientos simultáneos en los que se produjeron 10 detenciones, entre ellas las de un funcionario judicial, un escribano, el dueño de una inmobiliaria, policías y particulares, este fin de semana la fiscalía sometió a indagatoria a los imputados. 

La fiscal de La Plata, Betina Lacki, ya indagó, entre otros, al funcionario judicial Carlos Ibarrola y al abogado penalista Juan Fontana. El primero, al declarar rechazó las acusaciones en su contra. El segundo, se negó a testimoniar.

El expediente promete alcanzar a distintas esferas del Poder Judicial y político. Se trata del tercer caso que en muy poco tiempo sacude en forma escandalosa a los tribunales de La Plata. El primero fue con la denominada “Banda de los jueces” donde magistrados locales como César Melazo y Martín Ordoqui fueron sindicados por regentear una banda de “polichorros” para realizar saqueos en distintas viviendas de la Región. 

El segundo de los casos que mantiene en jaque, tal como anticipó Capital 24, se dio a conocer la semana pasada, con el escándalo de proporciones en torno a la “Teté Banda”, donde hay varios jueces involucrados en el otorgamiento de una tobillera “monitoreada” con arresto domiciliario, al supuesto líder de la organización, quien aprovechando de ese beneficio procesal cometió toda clase de brutales asaltos en viviendas y hasta en entidades crediticias de La Plata. 

Finalmente, el tercer caso con la “Banda de los Usurpadores” salió a la luz una compleja organización destinada a intrusar lotes y luego armar escrituras “falopa” para vender las propiedades en forma fraudulenta.

 La pesquisa

 La fiscal Lacki logró acreditar, luego de tres meses de una minuciosa investigación, junto a la división Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que la operatoria de la “Banda de los usurpadores” consistía en intrusar lotes y casas y pasaba la información a un notario que se encargaba de confeccionar la documentación adulterada. Luego esas propiedades eran publicadas a través de distintas plataformas web y finalmente vendidas en forma fraudulenta. 

En esa organización había un eslabón clave. Se trata de un funcionario judicial que a la vez resultó ser un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que ejercía funciones de custodia en una Fiscalía de Juicio de La Plata. Sospechan que suministraba información sobre las causas en trámite.

 Dos causas en una

 En rigor hay dos causas que tramitan en la fiscalía a cargo de Lacki. En la primera se investiga una asociación ilícita destinada a la usurpación de propiedades y en la segunda, según informaron fuentes judiciales, se detuvo al mencionado abogado penalista Fontana implicado por sobornar a un cliente detenido con el pretexto de darle ese dinero luego a un fiscal.

Del expediente surge que Fontana se hizo de más de 500 mil pesos, setecientos dólares y un Peugeot 307 para pagar la presunta coima con el objetivo que el fiscal no se oponga a una excarcelación. 

En el marco de esta causa también fueron detenidos el policía Martín Ayala, un escribano identificado como Julián Castrillo y un martillero, entre otros implicados. En tanto hay varios prófugos que son intensamente buscados por la Policía. 

 “Veedor y buche” notario

 En tribunales se indicó que, durante los 20 allanamientos, el realizado en una escribanía de nuestra ciudad, donde se detuvo a su titular -el notario Julián Castrillo-, el veedor designado por el Colegio Público de Escribanos había alertado a los imputados sobre la medida que iba a realizarse. 

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