La presentación fue radicada por Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico. Los denunciados son los jueces de la Sala III de nuestra ciudad, Juan Benavides y Alejandro Villordo, por liberar al puntero “Chocolate” Rigau y “planchar” la investigación.
Policiales 26 de septiembre de 2023
La presentación fue realizada ante la Procuración General de la Corte bonaerense, por el diputado nacional Ricardo López Murphy, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y la candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio, María Eugenia Talerico y recayó sobre los magistrados Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo.
Benavides y Villordo integran la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata. La semana pasada hicieron lugar a un hábeas corpus de la defensa de Rigau. Y por esa vía extraordinaria no solo lo dejaron en libertad sino que declararon nula toda la investigación judicial.
Todo comenzó cuando Julio Rigau fue “interceptado” en el céntrico cajero automático de 7 y 54, extrayendo dinero, en esa ocasión, con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos.
La Cámara resolvió el jueves que la requisa que le hizo en aquel momento la Policía a Rigau fue “ilegal” y esa ilegalidad de “origen” invalida todo lo actuado en la causa. El dictamen contó con los votos de Benavides y Villordo en mayoría que declararon nula “el acta de procedimiento inicial” de la Policía.
Los magistrados dijeron que son los jueces los habilitados a ordenar requisas y que las fuerzas de seguridad solo pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito, algo que no se dio en este caso, según argumentaron, porque Rigau estaba sacando dinero de un cajero automático.
Con ese fundamento, anularon toda la investigación. El voto en disidencia de la Cámara perteneció al juez Fernando Jorge Mateos. Este magistrado, por su parte, indicó que el accionar policial estaba justificado.
“No puedo dejar de mencionar el estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida”, en alusión a la nulidad que votaron sus conjueces de Sala.
El camarista Mateos alertó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.
Con el voto de Mateos como punta de lanza, esta semana recurrirá ante la Casación bonaerense, el fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, tal como anticipó Capital 24.
Rigau fue apresado cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Tres de esas tarjetas serían de familiares. Antes de que el caso se declarara nulo, la fiscal penal de La Plata, Betina Lacki, procuraba saber si extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con las tarjetas de débito constituían una asociación ilícita para defraudar al Estado.
En la Legislatura bonaerense, el Senado tiene 1340 empleados. Y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La fiscal Lacki aguardaba, entre otras medidas de prueba, que el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados respondieran oficios librados para determinar quiénes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuántas extracciones se hicieron a lo largo de los años.
En la Cámara de Diputados, Rigau figura como electricista. En la causa penal anulada estaba imputado por 177 hechos de fraude por las extracciones realizadas con tarjetas “intransferibles” entre el 5 y el 9 de septiembre pasados.
En el pedido formulado ayer por los dirigentes de la oposición también se reclamó que se investigue si hay un sistema de “presta nombres” en la Legislatura que permite alimentar a las cajas negras de la política.
Cuando fue notificada de la insólita decisión de la Cámara de Apelaciones, la fiscal del caso, Betina Lacki, les estaba tomando declaración testimonial a los titulares de las tarjetas. Hasta el jueves habían declarado 16 personas. Varios de ellos ya habían asegurado que le entregaban sus tarjetas de manera voluntaria al puntero del PJ.
La fiscal también tenía previsto avanzar con una orden para abrir el celular de Rigau. Otra prueba clave es un cuaderno con anotaciones que se secuestró en el domicilio de dicho puntero político.
“Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, señala la presentación firmada ayer por Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico.
El escrito indica además que es “inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”.
La presentación se hizo ante la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, se refirió al “presupuesto” de la Legislatura bonaerense, que este año recibió $62.152.000.000: “En la Cámara de Diputados, habría al menos 1510 empleados y tiene un presupuesto de $ 36.500 millones, para 92 bancas, es decir, 396 millones de pesos por cada banca”.
En el ámbito judicial y político llamó la atención el método utilizado por los abogados de Rigau. En lugar de plantear la nulidad ante la fiscal y el juez de la causa, los abogados de la defensa, de un prestigioso y cotizado estudio jurídico de La Plata, plantearon un hábeas corpus y fueron directamente a la Cámara.
Ayer, los dirigentes de Juntos por el Cambio pidieron que se inicie una Instrucción Penal Preparatoria “para investigar la posible comisión de delitos de acción pública de extrema gravedad que pueden estar sucediendo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia”.
Benavides fue designado camarista en 2021, a propuesta del Poder Ejecutivo. Antes, fue fiscal en el fuero de responsabilidad penal juvenil. En cambio, Villordo, accedió a la Cámara en 2009, cuando la presidencia del bloque del PJ de Diputados estaba a cargo de Raúl Pérez.
De Villordo, se sabe que actuó como “Fito” uno de los alumnos predilectos, en Jacinta Pichimahuida, la precursora serie televisiva de “Señorita Maestra”. También estuvo en Quebracho, la película que protagonizó Lautaro Murúa. Hacía de su hijo.
Luego, Alejandro Romay lo llevó a otros papeles infantiles en el viejo Canal 9 de la “palomita”. Al poco tiempo, Villordo dejó la actuación. Comenzó a estudiar leyes, fue fiscal con la última reforma procesal de 1998 y al poco tiempo, camarista. La veta artística la hizo de la mano de Romay. La jurídica, dicen, con el aval de Raúl Pérez.
La fiscal de juicio Viviana Arturi pidió ayer la pena de 12 años de prisión por homicidio con dolo eventual para el acusado Axel Nahuel D'Elía, sindicado por matar a Iván Gómez en una picada de autos en el Bosque de La Plata.
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