Esta incluye un amplio paquete de reformas del Estado de gran sesgo desregulatorio y privatizador. Además, propone que el Poder Legislativo de la Nación delegue facultades al Poder Ejecutivo, cosa que no parece haber alterado a los “defensores de la República” que lo acompañaron.
En cuestión la Ley ómnibus se denomina en verdad “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” y complementa el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”, según declaraciones del presidente en las redes sociales-
Así mismo, dijo que con su sector “manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”.
El paquete de leyes fue anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su rueda de prensa habitual y advirtió que alcanza “reformas profundas, necesarias, urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”.
Empero, la gravedad de esta ley radica en que aquellas reformas deseadas por el gobierno no deberán ser revisadas ni aprobadas por el Congreso de la Nación, sino que básicamente postula gobernar por decreto. No solo eso, el plazo de la ley para esta facultad extraordinaria es de dos años incluso con la posibilidad de extenderla por dos años más.
En el Artículo I del proyecto, por ejemplo, se apunta que “la presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto”.
En otros aspectos, la presentación del gobierno contempla la derogación de la ley de movilidad jubilatoria para otorgar aumentos de forma discrecional, liquidar los fondos estatales del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, permitir el libre endeudamiento y terminar con las elecciones PASO.
En los anexos se precisa el listado de las 41 compañías que se buscarán privatizar. Algunas de ellas son Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.
Esta iniciativa, algo sin precedentes debido a su rápido avance y su claro embate contra los sectores medios, jubilados y nada menos que a los recursos nacionales y al marco legal vigente, será tratada durante las sesiones extraordinarias. La idea de La Libertad Avanza es llevar el proyecto al recinto en Diputados el 25 de enero.
