El cuestionado 'megadecreto' que días atrás lanzó el presidente de Argentina, Javier Milei, podría abrir aún más las puertas hacia la extranjerización del litio, el recurso mineral con mayor potencial del país. El problema no es la inversión extranjera, sino la depredación sin beneficios.
Política 30 de diciembre de 2023
La semana pasada, el líder de La Libertad Avanza (LLA) reconoció que ya recibe propuestas de parte de empresarios y Gobiernos de otros países que quieren el litio argentino: "Me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio. Y también están interesados el Gobierno de los Estados Unidos y muchas empresas del país. Pero necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad", explicó.
El litio es un recurso estratégico que tiene Argentina y una materia prima esencial en la fabricación de las baterías para los automóviles eléctricos, uno de los productos clave de la compañía Tesla, dirigida por Musk.
Además, el Estado argentino mantiene hace tiempo conversaciones con la Administración del presidente Joe Biden sobre la posibilidad de firmar un acuerdo especial para los minerales argentinos, reveló el sitio Econojournal. De hecho, cuando apenas habían pasado tres días de la asunción de Milei, la Embajada de EE.UU. en Argentina informó de una reunión entre el asesor adjunto de Seguridad Nacional para la Economía Internacional estadounidense, Mike Pyle, con funcionarios argentinos. "Hablaron sobre áreas en las que EE.UU. y Argentina pueden fortalecer su cooperación, incluyendo el avance de la transición hacia energías limpias", comunicó oficialmente la sede diplomática en Buenos Aires.
El controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei entró en vigencia este viernes y, en sus considerandos, sostiene que "la minería es otra área con gran potencial en el país y que se encuentra notablemente subdesarrollada".
Si bien el alcance del DNU aún es una incógnita debido a que ya hubo más de 50 presentaciones en la Justicia para que sea frenado, contiene más de 300 derogaciones y modificaciones de leyes vigentes que no solo no revisten "urgencia", como indica el instrumento del Ejecutivo, sino que además son decisiones legislativas que deberían pasar por el Congreso.
Una de ellas tiene que ver con la eliminación de la llamada ley de tierras (26.737), cuyo nombre completo es Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras. El espíritu de la normativa es justamente limitar la extranjerización del suelo del territorio nacional, cualquiera sea su destino de uso o producción.
La ley establece que solo puede haber un 15 % de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no puede superar el 30 % de ese porcentual ni tampoco las 1.000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas) o sus equivalentes. Además, prohíbe la venta a extranjeros de tierras "que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes" o que estén "ubicados en zonas de seguridad de frontera". Asimismo, las compraventas deben ser autorizadas por el Estado.
Argentina cuenta con una de las reservas de litio más importantes del mundo. Está situada en el noroeste del país, en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Junto a Bolivia y Chile, integra el llamado 'triángulo del litio'. Esta región de Sudamérica cuenta con un verdadero tesoro energético, ya que abundan allí depósitos de salmueras ricas en litio.
De los tres países de ese triángulo, Argentina es el único que no declaró recurso estratégico al litio. En la actualidad, hay tres proyectos de explotación en marcha y decenas en etapas preliminares, con participación pública, privada, local e internacional. Si bien aún es incierto el modo de desarrollo que elegirá el nuevo Gobierno, se sabe que será completamente abierto a la inversión privada extranjera.
En junio de 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández, se creó la empresa pública YPF Litio, con el objetivo de potenciar la investigación y descubrimiento de yacimientos de litio, hasta su estudio, exploración y explotación. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) es la empresa con la que el Estado administra la producción de hidrocarburos, pero desde ese momento se amplió hacia la industria minera energética.
Sin embargo, Milei ya avanza en su proyecto de privatizar las compañías públicas. Este miércoles, el jefe de Estado argentino envió al Congreso una ley 'ómnibus' que, entre otras reformas, habilita la venta de empresas estatales. La lista incluye a YPF, Aerolíneas Argentinas, Corredores Viales, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos, Administración General de Puertos, Aguas y Saneamientos, Banco de Inversión y Comercio Exterior y Casa de la Moneda, entre otras.
El polémico 'megadecreto' de Milei entra en vigor entre protestas y denuncias judiciales
Además, el artículo 169 del amplio proyecto deroga la ley 24.523 del sistema nacional de comercio minero; mientras que el artículo 170 elimina la ley 24.695, que creó el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos.
La ola privatizadora a la que aspira Milei ya había sido adelantada en el polémico decreto presidencial. Además, el líder del partido La Libertad Avanza (LLA) ratificó en una reciente entrevista que "el Estado no tiene que participar en la economía".
La Constitución argentina establece que corresponde a las provincias "el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Esto no implica que cada distrito sea propietario de los mismos, sino que pone en manos de cada administración la legislación y regulación particular y específica de cada caso, en beneficio de las comunidades. Pero, en definitiva, es el Estado nacional el que resuelve las políticas en general, como la definición del régimen de inversiones, el control del comercio exterior y las políticas ambientales.
Actualmente, las provincias cobran a las empresas regalías por alrededor del 3 % de la producción a boca de mina (es decir, tal como es extraído el mineral). De lo recaudado a través de impuestos, los Gobiernos locales reciben solo el 15 %, mientras que el 85 % restante queda en manos del Gobierno nacional, según un informe de la fundación Fundar.
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