La Legislatura de La Rioja autorizó al Ejecutivo a emitir la cuasimoneda

La administración encabezada por el gobernador justicialista Ricardo Quintela dio un paso más para avanzar en la creación de Bonos de Cancelación de Deuda para afrontar pagos de salarios y sostener el comercio de la provincia.

Política 18 de enero de 2024
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Pese a las críticas del Gobierno nacional


El proyecto de ley enviado por la Función Ejecutiva se trató ayer en sesión extraordinaria de la Legislatura y se trata de la denominada cuasimoneda que, según explicó la vicegobernadora Teresita Madera, permitirá “acompañar a las y los trabajadores y sostener al comercio local, ante la angustiante situación actual, producto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional”. 

En sesión extraordinaria presidida por Madera, la Cámara de Diputados dio tratamiento y aprobó sobre tablas dos Proyectos enviados por el Ejecutivo Provincial, facultó a la Función Ejecutiva a emitir Bonos de Cancelación de Deuda y aprobó el acuerdo legislativo sobre la designación del Fiscal de Estado, confirmando en este lugar a Emilio Rodríguez. 

Previo al debate, en conferencia de prensa, la vicegobernadora Madera sostuvo con respecto a la emisión de Bonos que “se trata de una herramienta para mejorar la economía de los trabajadores”.

“El objetivo de este bono es poder sostener la economía provincial, priorizando a los trabajadores y al comercio local, que nuestra gente no pierda poder adquisitivo, ante la situación que atravesamos por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional”. 
Además, Madera agregó que “la Argentina está siendo sometida a una inflación extremadamente grave, que vino a agudizar lo que el país estaba viviendo en estos últimos años, pero que pasamos de una inflación del 7 o 9 por ciento, a una inflación del 26% que cerró el mes de diciembre, que hace que cualquier sueldo termine licuándose en el bolsillo de nuestra gente, que puede satisfacer necesidades básicas, y es aquí donde la creación de este bono viene a permitirnos brindarles una solución”. 

 

Facultades al Ejecutivo


El proyecto aprobado faculta a la Función Ejecutiva a emitir Bono de Cancelación de Deuda en formato físico y/o digital hasta la suma de pesos veintidós mil quinientos millones, la cual fue aprobada por la modificación propuesta por el miembro informante, diputado Oscar Chamía, teniendo en cuenta que el proyecto original no contemplaba la inflación prevista para enero y febrero, anunciada por el presidente de la Nación. 

Asimismo, la ley crea la Comisión de Seguimiento y Fiscalización para el cumplimiento y control, la que podrá recomendar a la Función Ejecutiva con carácter vinculante, la misma se integra con tres diputados, dos representantes de la Función Ejecutiva y un representante del Consejo Económico y Social Provincial. 


Asfixia

 
Durante el debate, el diputado Chamía explicó que el fin de proyecto es defender los derechos de los riojanos ante los ajustes del Gobierno Nacional, entiendo que hay todo un pueblo que siente la asfixia de las medidas económicas implementas por Javier Milei.

Destacó que “el gobernador ha respetado la estacionalidad, enviando el proyecto por las vías correspondientes, porque bien podría haber mandado un DNU como hace el presidente. Esta Cámara hoy sesiona, porque el pueblo argentino y riojano está siendo llevado a la decidía por el Gobierno Nacional, pero tenemos un gobernador que protege a los riojanos, que quiere que nuestra gente no pierda su poder adquisitivo”. 
Agregó que el proyecto tiende a dar tranquilidad social hasta el que el Estado Nacional devuelva los fondos que se deben, entendemos que haya gente que piensa diferente, pero queremos poder darle al Estado Provincial esta herramienta para beneficiar y contener a los riojanos. 

Por su parte, el diputado Raúl Cabral manifestó que esta herramienta busca “no frenar la actividad económica, porque eso significaría gente en la calle, sin trabajo, sin salario”.

“Tenemos un gobierno con un presupuesto creado en 2022, y ante la inflación no podemos hablar de una situación ordinaria, entendemos que el gobernador busque brindar respuesta y respaldo ante este contexto”, agregó Cabral.

Asimismo, el legislador oficialista aclaró algunos conceptos y reafirmó que “estamos facultando al ejecutivo, para que con una buena administración determine como se va a implementar, tenemos un gobierno que piensa ante todo en la gente”.

En el mismo sentido, hizo uso de la palabra la diputada Lourdes Ortiz, quien resaltó que “no venimos contentos a pensar esta herramienta, no nos pone felices tener que pensar en una herramienta que les permita al gobierno cumplir con nuestra gente, pero hasta el día de hoy había un único camino pedido por el Gobierno Nacional: congelar los sueldos de todos los asalariados porque el presidente dice no hay plata, quitarle dinero a la gente para controlar la inflación”.

Ante los planteos de la oposición, Ortiz sostuvo que cuando remarcan sobre los derechos de los trabajadores, no olviden que el Congreso de la Nación está tratando un proyecto donde se discuten principios fundamentales del derecho laboral. “Trabajamos y discutimos las herramientas que le garanticen a nuestra gente no perder su poder adquisitivo”, sostuvo y llamó a la reflexión a la oposición. 

Por su parte, desde el Bloque Unipersonal Norte Grande, la diputada Teresita Luna manifestó su acompañamiento al proyecto y expresó: “Nos han votado para brindar soluciones, debemos dar respuesta a la gente, estamos habilitando un instrumento financiero para que el gobierno tenga herramientas para avanzar junto a la clase trabajadora, ese compromiso venimos a asumir”.

“Estamos en serio riesgo de perder el federalismo, estamos en riesgo las provincias argentinas; tenemos que estar unidos los que creemos en la política como herramienta de transformación. No podemos ser meros espectadores de este desastre causado por las medidas implementadas por el Gobierno Nacional”, sostuvo. 
Desde La Libertad Avanza, Liliana Medina se opuso al proyecto planteando dudas sobre el mismo y sostuvo que cree que menguará el ingreso de cada uno de los empleados públicos.

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