La fiscal citó a declarar a un funcionario de la Cámara de Diputados en la causa “Chocolate”

Corrupción en la Legislatura

En el marco de la causa que investiga el millonario desfalco con las tarjetas de débito de empleados “fantasma” y luego de recibir la lista con los 402 empleados de la Legislatura y ampliar la investigación a los 200 destinos internacionales que desandaron el ex concejal de La Plata, Facundo Albini y su padre Claudio, ahora la fiscal Betina Lacki citó a declarar al director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados bonaerense, Eduardo Vito Resiglione.

La audiencia estaba prevista para ayer a las 10 en el fuero penal de 7, 56 y 57. Y cuando estaba por comenzar, Resiglione envió a un emisario a informar que se encontraba de “vacaciones”, pesa a estar debidamente notificado. 

De allí que la fiscal no descarta efectivizar un comparendo por la fuerza pública si continúan las reticencias por parte del funcionario para colaborar con la justicia. 

Resiglione había cuestionado un requerimiento de la fiscalía señalando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado. Eso tuvo que ver con los reiterados pedidos de documentación que le había realizado la fiscal con los nombres de los empleados, reales o “fantasma” tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores bonaerense. 

Hace 20 días, la Cámara de Diputados bonaerense remitió a la fiscalía un listado de 402 personas que figuran trabajando en la Secretaría Administrativa, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo.

Tal como anticipó Capital 24, se trata de ocho carillas donde aparece el nombre y el apellido de cada uno, su número de legajo, y la Dirección de la cual dependen. Figuran todos empleados de la Secretaría Administrativa, tanto de planta permanente como de planta temporaria, desde enero de 2021.

Las 11 carillas

El listado acompañaba una nota de 11 carillas firmada por el funcionario Resiglione, a cargo de la Dirección de Legal y Técnica, donde afirma que el pedido de la fiscal “no se corresponde con los hechos que son objeto de investigación”, que comenzó en septiembre con la detención del puntero del PJ, Julio César “Chocolate” Rigau y más tarde llevó a la doble captura de Facundo y Claudio Albini. 

Resiglione señaló además en ese documento que la Cámara de Diputados “posee todas las atribuciones constitucionales para disponer acerca del nombramiento y funcionamiento de su personal sin injerencia de los otros poderes del Estado”.

“Que resulta una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los altos poderes que forman el Gobierno ejerce su propia administración y aplica e interpreta su propio reglamento”, precisó Resiglione en una afrenta a la fiscal Lacki. Para el funcionario el pedido de documentación por parte de la justicia, sería “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado.

La detención de Rigau se produjo el 9 de septiembre en los cajeros de 7 y 54. Desde el mes de octubre que la fiscal Lacki comenzó a requerir la información a la Legislatura con los nombres de los empleados para investigar cómo se gestionaban los contratos de los supuestos agentes “fantasma” que aportaban sus tarjetas de débito para retirar el dinero en los cajeros automáticos.

Allanamiento en ciernes

Con solo 48 nombres de los que figuraban en las tarjetas, la fiscalía pudo reconstruir el modus operandi de la que calificó como una “asociación ilícita” destinada a malversar millones de pesos. 

Desde hace cuatro meses que la Dirección de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados se resistía a entregar los nombres argumentando que se trata de datos personales. Finalmente, el 28 de diciembre, la fiscal Lacki amenazó con allanar la Cámara de Diputados. 

“La actitud reticente de colaborar con la Justicia por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resulta cuanto menos contraria al compromiso asumido del Estado Argentino en materia de corrupción”, sostuvo la fiscal en su requerimiento. 

Domicilios y cargos

Con la documentación en su poder, Lacki pidió ayer a las autoridades legislativas que informen los domicilios “que obren en ese organismo de las personas informadas como personal de la Secretaría Administrativa” y que detallen los cargos de cada uno, un primer paso para ordenar allanamientos o citarlos a declarar.

Y en ese marco, es que la fiscal considera prioritario la declaración, por ahora en calidad de testigo, del Director de Legal y Técnica para interrogarlo sobre los empleados y el proceso de contratación.

En tanto, además de la pesquisa con los contratos de Diputados, tras la pista “Chocolate”, la fiscal amplió la investigación poniendo el foco en otro circuito de recaudación en el Senado bonaerense. Los investigadores ya cuentan con los datos y la dirección de 39 personas (21 hombres y 18 mujeres) que fueron identificadas por el Banco Provincia tras un análisis de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos que frecuentaba Rigau. Las imágenes revelaron que el puntero del PJ se cruzaba con un hombre y una mujer que también retiraban dinero con tarjetas de débito ajenas.

Los Albini y Rigau se encuentran detenidos bajo prisión preventiva, requerida por la fiscalía y ordenada por el juez de garantías, Federico Guillermo Atencio. 

La fiscalía continuará investigando además los 200 vuelos internacionales que realizaron los Albini, para ver cómo se financiaban y si tenían relación con el dinero negro recaudado con las tarjetas de débito de la Legislatura.