Figuran como empleados “ñoquis” de la Cámara Alta bonaerense. Se ausentaron a la audiencia fijada por la fiscal. Albini cuestionó ante la Casación su imputación de asociación ilícita. El puntero Rigau pidió otra “morigeración” de su prisión preventiva.
Región29 de febrero de 2024
El megaescándalo millonario cometido a través de empleados fantasma de la Legislatura bonaerense tuvo ayer otro capítulo en la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Betina Lacki. Los titulares de las tarjetas de débito del Senado bonaerense con las que fue sorprendida una pareja extrayendo suculentos fondos, no acudió a la audiencia fijada por la justicia.
Se trata de los 39 empleados “fantasma” que no acudían a trabajar al Senado, pero figuraban como contratados mientras “alguien” cobraba sus sueldos. Esos agentes faltaron a la audiencia testimonial en la que la fiscal los iba a interrogar en calidad de testigos. Su situación procesal podría cambiar ahora en el expediente.
Al menos es un grave indicio en contra no colaborar con la acción de la justicia y más cuando sus plásticos eran usados por otra persona para extraer los fondos con destino incierto.
Estos 39 empleados “fantasma” presentaron un pedido de eximición de prisión ante el juez de garantías Federico Guillermo Atencio. Sus defensas también vaticinan que podría agravarse el rol en la causa de testigos a imputados.
Todos ellos aparecen en el denominado eje “Senado” del expediente. Allí fue identificada una pareja extrayendo fondos de las tarjetas de débito en los cajeros del Banco Provincia. La fiscal Lacki acreditó a través de las cámaras de monitoreo que la pareja está compuesta por el funcionario radical Hugo Muguerza y su esposa Josefina Ortellado.
En tanto, en el eje “Diputados”, dos de los principales imputados, el ex concejal de La Plata, Facundo Albini, y su padre Claudio realizaron a través de sus abogados un planteo ante la Casación para echar por tierra la calificación que tanto los compromete, de “asociación ilícita”. Para la fiscal y el juez de garantías, los Albini son los cabecillas de esa organización.
La defensa de los Albini, sin embargo, sostiene que la Cámara Penal de La Plata, al revisar un planteo de esa parte no fue contundente al validar la asociación ilícita. Incluso, uno de los magistrados no la respaldó. Si los abogados obtienen una calificación menor, los Albini podrían al menos acceder a un arresto domiciliario.
Recordemos que Facundo y Claudio Albini contrataron esta semana a uno de los abogados más cotizados en el país para que se sume a la defensa. Se trata de Maximiliano Rusconi, defensor en otras causas, de, por ejemplo, Julio de Vido, exministro de Planificación Federal y de Diego Lagomarsino, exempleado informático de la UFI AMIA y relacionado además con los servicios de inteligencia, vinculado a la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Dentro del eje “Diputados” de la investigación judicial, el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau pidió ayer una nueva morigeración de su prisión preventiva. El juez de garantías Atencio le dio traslado a la fiscal Lacki, pero ésta, se opuso terminantemente.
Por ahora la fiscal no encuadró la situación procesal de la pareja integrada por Muguerza y Ortellado. Ambos se pusieron “a disposición” de la justicia la semana pasada a través de su abogado Javier Percow.
Los titulares de las tarjetas empleadas por esa pareja no asistieron a tribunales y ahora se encuentran a la espera de que el juzgado de garantías resuelva el pedido de eximición de prisión. Un dictamen favorable les permitiría permanecer excarcelados durante la sustanciación de la causa.
Los investigadores judiciales calcularon que con esos plásticos se habrían desviado unos $300 millones durante los últimos años.
La fiscal Lacki evalúa ahora si trae a los denominados “tarjeteros” del Senado por la fuerza pública o bien, los imputa y los cita a indagatoria.
En el expediente, la fiscalía tiene por acreditado que tanto en la vía Diputados como en la del Senado, el modus operandi era el mismo: las tarjetas de débito con las que extraían dinero en los cajeros pertenecían a empleados “fantasma” o “presta nombres”. Lacki sospecha que los titulares de los plásticos daban su nombre y conformidad para la contratación en la Legislatura a cambio de obtener la obra Social IOMA de manera permanente y una jubilación asegurada sin tener que asistir a trabajar.
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