El Reino Unido decidió de forma unilateral extender su control sobre zonas marítimas de las Islas Malvinas, donde prohibieron la navegación y la pesca. Se trata de 166 mil km2 que se sumarán a los 283 mil km2 sobre los que ya regía la exclusión.
Actualidad 05 de marzo de 2024
Nueva provocación británica
“Este tipo de decisiones son reprochables por tres razones centrales: viola la prohibición de realización de actos unilaterales en la Cuestión Malvinas según la resolución 31/49 de la asamblea general, viola los compromisos del Reino Unido en el marco de la convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos (CCRVMA), y pone en práctica la utilización de medidas supuestamente vinculadas a la conservación y protección del ambiente con finalidades geopolíticas”, explicó a PáginaI12 Guillermo Carmona, ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina durante la presidencia de Alberto Fernández.
Las autoridades británicas anunciaron en 2011 la creación de la AMP sobre 1.200.000 km2 de mar. La iniciativa fue rechazada en aquel momento inmediatamente por el gobierno argentino por tratarse de “un acto de provocación” hecho de forma unilateral e indicaron en su reclamo que avanzaba sobre aguas sujetas a las normas consensuadas en la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR). De esa región oceánica había 283 mil km 2 sobre los que regían la exclusión de navegación y pesca que suponía el 23 por ciento de la zona marítima de las islas Malvinas, a los que sumaron 166 mil km2 con la última expansión anunciada el 26 de febrero quedando bajo su control el 36 por ciento de la zona.
Con el pretexto de la preservación marina los británicos no solo pasan por encima de los derechos soberanos argentinos, sino además viola las normas de la CCAMLR de la que forman parte más de treinta países que reclaman soberanía sobre el Continente Antártico, ahondando el conflicto. La Convención se formó con la intención de preservar la zona coordinando y acordando reglas comunes para sus integrantes.
Al cierre de esta edición el ministerio de Relaciones Exteriores no había hecho público el reclamo ante las autoridades británicas.
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Un juez federal le dio un ultimátum al Ejecutivo para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero en Balcarce 50 aseguran que no hay fondos y evalúan dilatar o “maquillar” el cumplimiento, aun bajo amenaza de multas y sanciones penales.
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El Parlamento Europeo remitió el acuerdo comercial UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión suspende el proceso de ratificación y podría demorar hasta dos años la entrada en vigor de un pacto firmado tras más de 25 años de negociaciones, en un contexto marcado por protestas agrarias.
La investigación más amplia realizada en el país sobre el uso de cannabidiol farmacéutico en niños con epilepsias resistentes al tratamiento mostró una reducción significativa de convulsiones y mejoras en la calidad de vida.
La aceleración inflacionaria y los cambios en el esquema cambiario impulsaron el regreso del carry trade y un reacomodamiento de carteras hacia instrumentos en pesos, con fuerte demanda de Lecaps de corto plazo que hoy ofrecen rendimientos reales positivos y superan ampliamente al plazo fijo tradicional.
Este viernes, desde las 22, comenzarán los cortes de tránsito en inmediaciones del Pasaje Dardo Rocha y se extenderán hasta el lunes. ¿Los motivos?: comienzan a filmarse en el histórico edificio las escenas de la nueva miniserie para Netflix, “El Futuro es Nuestro”.
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La propuesta fue presentada ayer por el presidente del bloque PRO, Nicolás Morzone. El objetivo es seguir y acompañar institucionalmente las investigaciones judiciales sobre el caso que está siendo investigado por la justicia. Además, ejercer un control político sobre la actuación del Departamento Ejecutivo en dicho tema. Promueve la protección y asistencia integral de las víctimas.
El exfiscal de La Plata, Rodolfo César Robatto, fue condenado en un juicio abreviado a 4 años y 10 meses de prisión por la usurpación de un campo y el robo de múltiples bienes que la víctima tenía en su propiedad, entre ellos toda una cosecha de avena.