La postergación del debate obedeció al pedido de uno de los defensores, Juan Di Nardo, quién planteó problemas de agenda con otros juicios.
En las próximas horas, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) III de nuestra ciudad fijarán una nueva fecha para el comienzo de las audiencias, en la que además se intentará establecer si junto a los materiales de construcción se empleó personal de la cartera educativa bonaerense.
El caso que comenzó a investigarse hace 15 años por la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata tuvo como imputados al sindicalista Fernando Marín y a los empleados de la Dirección General de Escuela bonaerense, Tulio Pedriel, Ricardo Molinari, Carlos Gardinetti, Hugo Marfil y Francisco López.
La causa fue instruida por los entonces fiscales de instrucción Esteban Pascual Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, quienes dieron por acreditado que los procesados utilizaron "mano de obra, herramientas y materiales del Estado Provincial", que estaba bajo su custodia para edificar una vivienda particular en un terreno ubicado en la localidad de Gonnet
Aquel pedido de elevación a juicio fue convalidado por el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, bajo los cargos de "malversación de caudales públicos (peculado)".
La investigación judicial comenzó en 2009, a partir de la denuncia de un empleado de Educación, contra un compañero de trabajo. En esa presentación se indicó que el imputado Marín habría logrado construir o ampliar su casa, de importantes dimensiones, en calle 5 entre 504 y 505.
En la etapa de instrucción judicial un testigo indicó que hasta esa casa vio llegar una cuadrilla de albañiles, techistas y electricistas, en dos camionetas Trafic, que estaban también cargadas con materiales y herramientas de la repartición, dependiente de Educación bonaerense, según indicaron fuentes de la investigación.
Durante la investigación, el fiscal Paolini destacó "la gravedad de los hechos investigados -construcción de una vivienda particular con fondos y mano de obra del Estado provincial-, debería constituir obstáculo suficiente para la concesión del beneficio cuestionado", ya que, llegado el caso, a Marín le correspondería ir preso, ya que el delito que le imputan "malversación de caudales públicos ", es penado con 2 a 10 años de reclusión o prisión.
