Se trata de los jueces Alejandro Villordo y Juan Benavides, ambos denunciados por prevaricato. Podrían ser destituidos de sus cargos en la Sala III de la Cámara Penal de nuestra ciudad. Su accionar quedó al descubierto cuando pusieron en jaque la causa seguida a Rigau y los Albini
Región 11 de abril de 2024
La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados tiene previsto para hoy el sorteo de los conjueces legisladores que definirán el futuro de dos camaristas penales de La Plata sindicados por prevaricato en la causa “Chocolate”.
Los magistrados que serán enjuiciados son los Camaristas penales de La Plata que integran la Sala III, Alejandro Gustavo Villordo y Juan Alberto Benavides, quienes designaron como defensor particular al letrado César Albarracín.
Los seis conjueces legisladores -titulares y suplentes-, integrarán el juicio político junto a los seis conjueces elegidos por la Suprema Corte bonaerense que integrarán el jurado de doce miembros que evaluará la denuncia impulsada contra los camaristas Villordo y Benavides.
Según se informó en ámbitos judiciales y legislativos, el defensor Albarracín podría presentar un recurso para suspender el sorteo cuestionando la conformación del jurado de enjuiciamiento.
Villordo y Benavides serán sometidos a jury por prevaricato, un delito que consiste en que “una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley”.
Precisamente, la denuncia fue radicada por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, ante el Jurado de Enjuiciamiento en octubre de 2023. El procurador pidió entonces la destitución de los magistrados Benavides y Villordo y su apartamiento preventivo mientras se sustancia el proceso por su supuesto mal desempeño al obstruir la causa contra el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau.
Conte Grand cuestionó a los camaristas porque habían resuelto, sin tener jurisdicción para hacerlo, un recurso de habeas corpus, declarando la nulidad de la detención policial contra Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa.
Los dos camaristas habían ordenado entonces liberar a Rigau y que además le restituyeran todo el dinero incautado de las extracciones bancarias, y las 48 tarjetas de débito -de las que no era titular-, y estaban a nombre de empleados legislativos ñoquis o prestanombres.
Esa decisión de los dos camaristas de la Sala III de La Plata, luego fue revisada por la Casación bonaerense, reparando el error jurídico y revocando lo actuado.
En aquella resolución, los jueces de la Casación provincial, María Florencia Budiño y Luis María Mancini consideraron que el dictamen de los camaristas Benavides y Villordo debía ser anulado “por razones previas al análisis de cualquier fundamentación”.
Budiño y Mancini afirmaron que los dos camaristas habían actuado “excediendo los límites normativos que determinan su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”.
También dijeron que Benavides y Villordo actuaron por fuera de su jurisdicción ya que la orden de detención dictada por el juez competente (a “Chocolate” Rigau) no resulta impugnable por el recurso de habeas corpus.
Para la Casación, los dos camaristas habían intervenido de manera ilegal al anular el procedimiento policial que en los céntricos cajeros de 7 y 54 permitieron descubrir y detener a Rigau, cuando extraía dinero de diferentes cajeros con tarjetas de débito que no eran de su propiedad, todas ellas, pertenecientes a la Cámara de Diputados bonaerense.
Al respecto, el procurador Conte Grand precisó en su denuncia que “la decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó́ abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario –canalizado, además, por una vía improcedente–, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere profundamente a los poderes del Estado, en general, y a la administración de justicia, en particular”.
El procurador general de la Corte subrayó que “la materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación”. Para Conte Grand, quien debió expedirse en la causa Chocolate debió ser el juez de garantías y no la Cámara de Apelaciones y Garantías, a través de su Sala III:
En paralelo a la denuncia del procurador fue impulsada otra presentación por parte de los legisladores María Eugenia Talerico, Javier Iguacel y Ricardo López Murphy,
A partir de esas denuncias, el próximo paso será la conformación del Jurado de Enjuiciamiento. Los seis legisladores abogados que serán sorteados hoy se sumarán a la integración del jury a los seis conjueces.
Analizan el planteo de nulidad pedido por los Albini
Mientras se conforma el jurado de enjuiciamiento, en el fuero penal de 8 y 56, el juez de garantías, Federico Guillermo Atencio, comenzó a analizar el pedido de nulidad presentado por la defensa de los imputados Facundo y Claudio Albini, quienes se encuentran bajo prisión preventiva junto a Rigau.
Esa presentación, anticipada por Capital 24, fue formulada por el nuevo abogado defensor de los Albini, Maximiliano Rusconi.
El letrado cuestionó a los 12 testigos que incriminaron a sus asistidos en la causa Chocolate. Según argumentó el defensor, la fiscal Betina Lacki incurrió en un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional por haber utilizado las declaraciones que en calidad de testigos y bajo juramento de decir verdad dieron 12 empleados de la Cámara de Diputados.
Rusconi alertó que la fiscal luego tomó esos mismos dichos para imputar a Rigau y a sus defendidos, Facundo y Claudio Albini, algo que está prohibido por las normas procesales, por cuanto afectan al derecho de defensa en juicio.
Funcionaria afirmó que los ñoquis supervisaban su asistencia
En otra esfera del caso, en la de la instrucción penal, la investigación a cargo de la fiscal Betina Lacki sigue su curso. Ayer se supo que la Directora de Servicios Auxiliares de la Cámara Baja provincial, Tomasina Papaleo, declaró como testigo.
Esta declaración era muy esperada por la fiscalía ya que los empleados, titulares de las tarjetas usadas por Rigau para sacar dinero, que ya dieron su testimonio se dividen en dos grandes grupos: los que no iban nunca a trabajar a la Legislatura y los que, curiosamente, dijeron estar bajo las órdenes de la funcionaria Papaleo.
La funcionaria es la titular de la Dirección de Servicios Auxiliares de la Cámara de Diputados que tiene bajo su órbita los departamentos de Seguridad e Higiene, Arquitectura, Intendencia y Automotores, entre otros.
Papaleo dijo no conocer a los empleados que declararon estar trabajando para ella. También reveló que los agentes luego sindicados como “ñoquis” controlaban su propia asistencia, con listados a puño y letra.
Los investigadores sospechan que las defensas de los imputados y los empleados “prestanombres” organizaron una estrategia, al declarar que trabajan en un lugar puntual de la Cámara de Diputados y bajo la órbita de Papaleo. Esa táctica también incluía decir que ellos cobraban sus sueldos con sus propias tarjetas.
Lo dispuso la justicia penal de La Plata. La medida recayó sobre el ex concejal de La Plata Facundo Albini y su padre Claudio, ex funcionario de la Legislatura bonaerense. Ambos están sindicados como los “jefes” de la asociación ilícita junto a Julio Rigau
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