Tres meses y cinco días después de haberse ordenado el pedido de desafuero de la senadora bonaerense Flavia Delmonte, tal como lo anticipó Capital 24, sindicada de liderar un entramado de corrupción similar a la denominada causa “Chocolate”, la justicia penal requirió formalmente su desafuero.
Región29 de mayo de 2024
El pedido enviado a La Plata fue formulado por el juez de garantías, Diego Olivera Zapiola, quien libró el oficio hacia la Legislatura bonaerense, a pesar de las objeciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de un fallo de la Cámara de Apelaciones.
Luego de que salieran a la luz las demoras en el expediente, el juez Olivera Zapiola permitió que la defensa de Delmonte apelara, aunque la Cámara de Apelaciones rechazó la apelación.
El magistrado aguardó a que la defensa presentara un recurso ante el Tribunal de Casación provincial, a pesar de que el Código Procesal Penal bonaerense no permitía ese recurso y de las objeciones del fiscal Mario Rafael Pérez.
Finalmente, la nueva defensa de Delmonte decidió no recurrir ante la Casación bonaerense, pero el juez Olivera Zapiola tampoco libró inmediatamente el pedido de desafuero.
El magistrado sólo debía impulsar el oficio de desafuero que ya había ordenado su colega de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, mientras lo subrogaba en la investigación que comenzó en 2021.
Esta investigación se centra en los presuntos delitos cometidos por Delmonte y sus colaboradores Kevin Alan Razimoff y Javier Torrijos Fuertes, con presuntas extracciones de dinero a empleados de la Legislatura.
Confirmada la decisión de la Cámara de Apelaciones, el secretario del Juzgado, Francisco Acebal, procedió a confeccionar el oficio para notificar la medida ordenada el 20 de febrero pasado. Acebal informó a su superior, Olivera Zapiola, que el pedido de desafuero había sido ordenado 94 días antes por Mancinelli. Acebal firmó el oficio dirigido al Senado provincial en La Plata, lo que podría generar planteos formales del Senado bonaerense.
La denunciante del caso y exempleada de Delmonte, Tamara Yanina Arce, criticó al fiscal Pérez por no considerarla víctima sino posible cómplice, y anunció que podría impulsar varios pedidos de nulidad. Pérez, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, busca indagar a Delmonte como presunta autora del delito de defraudación contra la administración pública.
Una vez recibido el oficio judicial, el Senado deberá decidir si rechaza el pedido, lo posterga (Delmonte tiene mandato hasta fines del próximo año), o lo impulsa y vota su desafuero. Si se vota a favor del desafuero, Delmonte podría seguir los pasos del senador radical Antonio Armando Nieto, condenado a prisión por quedarse con los salarios de al menos 39 “ñoquis”.
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