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El acusado había creado perfiles falsos en FB, IG y casillas de correo. Así hostigaba a la víctima exigiendo altas sumas de dinero. Un abogado impulsó la denuncia penal y a través de un perito informático detectó el IP del imputado. Demanda millonaria por daños y perjuicios.
Región05 de julio de 2024
En medio de una serie de casos donde se multiplican las amenazas por redes sociales con falsos perfiles, ayer se dio a conocer una acción judicial inédita en los fueros penal y civil de La Plata, en la que un abogado, en representación de un hombre que recibía graves escraches y exigencias de exorbitantes sumas de dinero, logró desarticular las maniobras extorsivas que se cometían a través de publicaciones intimidatorias en Facebook, Instagram y casillas de mail, todas con nombres adulterados.
La denuncia penal fue impulsada por el abogado platense, especialista en la temática de redes digitales, Gonzalo Escaray, ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) III de La Plata. La investigación judicial contó con una pericia informática que posibilitó detectar el IP del autor de los hostigamientos. De esa manera, la justicia allanó el domicilio del sospechoso en Villa Elisa donde se incautaron celulares, computadoras y tablets.
Los investigadores judiciales -según informó la Agencia Fueros- comprobaron que las publicaciones y amenazas provenían de mensajes escritos en esos soportes a través de las redes Facebook e Instagram, con múltiples perfiles y de numerosas cuentas de correo electrónico -con casillas falsas-, abiertas con el mismo objetivo, de amedrentar a la víctima.
El autor de los escraches en redes sociales terminó detenido. Y de esta manera el escrache quedó desarticulado, que era el principal objetivo que perseguía la víctima junto a su abogado, el doctor Escaray.
“Las acciones judiciales llevadas adelante adquieren un enorme significado por la frecuencia con la que se viene dando esta modalidad delictiva a través de “hackers” que se ocultan en falsos usuarios y perfiles para hostigar a sus víctimas a través de las redes digitales. Y, además, porque los damnificados de este tipo de maniobras por lo general en su desesperación no saben a quién acudir o cómo actuar”, señaló Escaray.
Encuadre legal
La fiscalía acreditó que, al no haberse entregado sumas de dinero por parte del damnificado, se consideró que no existió “extorsión” sino el delito de “acceso indebido al sistema informático derivado de los hackeos contemplado en el art 153 bis del código penal”.
Luego de la acción impulsada, el abogado Escaray tramita por estas horas una demanda civil en los tribunales de La Plata contra el autor del escrache en redes sociales, que, al haber sido identificado en sede penal, la misma podría ser millonaria por los severos daños y perjuicios sufridos contra su nombre y honor, y el de su familia.
En tanto, fuentes de tribunales indicaron ayer a Capital 24 que la investigación judicial de este caso, se inició con un conflicto suscitado entre los integrantes de un fideicomiso que se ocupaba de la construcción de edificios en nuestra ciudad. Uno de los compradores de dos unidades funcionales comenzó a escrachar en las redes sociales al constructor del edificio, al considerar que se estaba demorando la entrega de los departamentos terminados.
Fue así que esa persona, siempre de manera anónima, llevó adelante distintas maniobras para hostigar y amenazar al constructor del edificio, siempre a través de las redes sociales.
Difamación por redes
La pericia informática, aconsejada por el abogado Escaray a la víctima, comprobó que el acusado creó múltiples usuarios de Facebook e Instagram y casillas de correo falsas y así amenazó y difamó a la víctima y a su familia.
Al referirse a este caso, Escaray comentó a la Agencia Fueros que “se trató de un caso muy particular y de éxito para mi Estudio, ya que los escraches eran constantes y de manera anónima. Pese a que sabíamos acerca de quién estaba detrás, necesitábamos más pruebas para realizar la denuncia, por lo que fue muy importante contar con un perito que colabore en la investigación particular que hicimos, logrando entonces rastrear el IP, empresa proveedora del servicio y con ello la identidad del escrachador”.
El perito pudo acceder a la red hogareña del autor desde la puerta de su domicilio, detectando además maniobras de hackeo a la casilla de mail desde Villa Elisa, donde reside el imputado.
La denuncia por extorsión fue radicada en 2019. Porque antes de los hackeos, el acusado se había comunicado con la víctima para exigirle altas sumas de dinero, bajo la amenaza de que lo “escracharía en las redes” si no le entregaba esa plata.
En el allanamiento a la casa de Villa Elisa, el fiscal penal de La Plata, Juan Menucci, secuestró abundante material (computadoras, tablets y celulares). Allí también se concretó la aprehensión del autor de los escraches. Se hallaron también las publicaciones realizadas y otros datos que impidieron continuar con los escraches.
El letrado Escaray acciona por estas horas una acción civil por daños y perjuicios que se encuentra actualmente en trámite. En la última semana, el letrado interpuso importantes medidas de prueba.
La Unidad Funcional de Instrucción que llevó luego todas las medidas de prueba está a cargo el fiscal Menucci. “En casos como estos en los que nos toca representar a las víctimas de escraches debemos analizar muchas cuestiones, siendo que no es lo mismo cuando se realizan de manera anónima, es decir desde perfiles falsos, que cuando se hace de un perfil real o bien si tiene lugar un hackeo o intromisión indebida a una casilla de correo”, consignó ayer el letrado Escaray.
“Tengamos en cuenta que el hackeo se traduce en un delito de penas muy bajas, siendo el máximo de seis meses, aunque según el daño que genere se podrán iniciar acciones civiles buscando una reparación económica que puede ser muy cuantiosa”, enfatizó el abogado.
Escaray consignó que “si hablamos de escraches, según el contenido de los mismos y las acciones previas, pueden derivar en una querella por calumnias e injurias o bien en una denuncia por extorsión, ello si de manera previa se exigió entregar dinero o suscribir un documento como condición para evitar ese escrache”. Y añadió: “En casos como esos se ha logrado la aprehensión del extorsionador e incluso su prisión preventiva dado que la pena contemplada es de 3 a 8 años”.
“Mi consejo es guardar todas las pruebas, certificarlas y acudir a un abogado de confianza para que lo oriente respecto a qué camino tomar, sea querella o denuncia y acompañarlo como querellante o particular damnificado en la misma y sobre todo actuar con rapidez para bajar las publicaciones”, concluyó el doctor Escaray, quien precisamente intervino en esta causa en el rol del particular damnificado, representando en el fuero penal y civil a la víctima de los escraches en redes sociales.
A diario, en los tribunales surgen cada vez más casos de amenazas proferidas por autores anónimos, que logran “hackear” cuentas con falsos perfiles. En este caso, el objetivo era la extorsión y el amedrentamiento. Pero según pudo comprobar Capital 24, en los registros de la Procuración General de la Corte han aumentado exponencialmente las denuncias por casos de grooming o también denominado “ciberacoso” por parte de adultos a menores de edad.

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