La medida dispuesta por la Justicia estuvo a cargo del juez Martín Cormick, y lo hizo en plena feria. Anteriormente otro magistrado le había ordenado al Ministerio de Capital Humano que mantenga los planes de alimentos vigentes.
Política 23 de julio de 2024
El juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, decidió ayer por la tarde que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tiene que informar en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares. La medida dispuesta por el magistrado, como se sabe, fue decidida en plena feria judicial.
“Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, dice el fallo de Cormick.
Cabe recordar que la resolución en cuestión se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
Ese magistrado sostuvo además que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes. Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”.
Para el Gobierno, la resolución del juez Lara Correa “reconoce el trabajo que se viene realizando” desde el Ministerio de Capital Humano. “Los argumentos por los cuales el juez hizo lugar a la medida podrían ser utilizados para rechazarla. Se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisados, auditados y reestructurados, como así también reconoce la ejecución presupuestaria de los programas vigentes”, dijeron en ese momento desde la cartera que conduce Pettovello.
La semana pasada, Cormick habilitó la feria judicial para tramitar la causa y finalmente este lunes le dio un plazo al Ministerio de Capital Humano. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, sostuvo el magistrado en su primera decisión.
La causa se inició a principio de año en la que las organizaciones señalaron que el gobierno discontinuó la entrega de alimentos a los comedores y merenderos y reclamaron que se mantengan las políticas sociales. El expediente se transformó en un amparo colectivo en el que se invitó a las organizaciones que quieran formar parte.
Otro expediente
En paralelo, hay otro expediente judicial que inició Juan Grabois. Se trata de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello por no entregar alimentos. En esa investigación se determinó que el gobierno tenía casi 5 toneladas de comida en dos galpones de la provincia de Buenos Aires y de Tucumán y el juez federal Sebastián Casanello le ordenó que presente un plan para la distribución de la mercadería, mucha de ella con fechas de vencimientos cercanas.
El fallo fue apelado por Capital Humano y fue ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal pero el gobierno llevó al caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar que la distribución de alimentos es una decisión política que no se puede judicializar.
Un conflicto que empezó con despidos
A fines de mayo, la ministra Pettovello desplazó de su cargo al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre. Lo hizo a partir de la polémica originada por los millones de kilos de alimentos no entregados y alojados en 2 depósitos ubicados en Villa Martelli (Vicente López, Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
Pettovello había recibido información sobre el estado y la fecha de vencimiento de esos bienes y decidió “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”. El 3 de junio se sorteó en los tribunales federales de Comodoro Py la denuncia presentada por Leila Gianni, subsecretaria de Legales de Capital Humano, contra De la Torre y otros funcionarios, y le tocó al juzgado de Ariel Lijo.
En primera instancia, el Gobierno nacional indicó que los alimentos eran para “catástrofes” y negó que estuvieran próximos a vencer. “Son alimentos adquiridos por la administración anterior y, además, están allí porque en la administración anterior, por las auditorías que ha hecho la ministra Pettovello, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, dijo en su momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Días después, Adorni señaló: “Había una serie de alimentos que se habían comprado, gran parte en la gestión anterior, que efectivamente tienen el destino de asistir crisis o catástrofes”. Y agregó que, “en general, son alimentos denominados ‘no perecederos’”.
Finalmente, el lunes 27 de mayo Adorni informó: “No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. De hecho, esto corre por 2 carriles distintos: por un carril van los alimentos que efectivamente terminan en los comedores y que sirven para asistir a los más vulnerables y a los que menos tienen. Y, por otro, aquellos alimentos con destino de reserva. Por eso, son todos alimentos no perecederos, porque efectivamente están destinados para otro fin”.
En tanto, la Justicia Federal porteña intervino en una causa que estaba en trámite desde febrero y que se había originado en una denuncia penal del dirigente Juan Grabois (Patria Grande) contra Pettovello por la suspensión del abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios y el incumplimiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “que abastecía de alimentos y auditaba a los comedores”, a pesar de que “los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito”, sostenía la denuncia.
La causa tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la investigación está delegada en la fiscal federal Paloma Ochoa.
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