El requerimiento fue formulado por la fiscal penal de La Plata, Cecilia Corfield. En la causa acreditó malos tratos, violencia y torturas a ocho detenidos en el Centro Aráoz Alfaro de Abasto
Región01 de agosto de 2024
La justicia penal de La Plata, luego de verificar en una investigación judicial malos tratos, violencia y torturas contra ocho jóvenes detenidos pidió el juzgamiento de los funcionarios responsables. La medida fue dispuesta por la fiscal penal de nuestra ciudad María Cecilia Corfield, quien acusó por vejaciones, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público a 7 funcionarios del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.
La medida recayó sobre el ex subdirector del Aráoz Alfaro, Oscar Luis Tacchi, dos asistentes de minoridad, dos jefes de guardia y otros empleados. Estos hechos fueron conocidos en 2023, tal como informó en su momento Capital 24, a partir del trabajo de monitoreo en los espacios de encierro que realiza la Comisión por la Memoria en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.
La fiscal dio por finalizada la etapa investigativa y pidió al juez de garantías la elevación a juicio del expediente. Corfield dio por probado que el 11 de junio de 2023 en el sector polideportivo del centro cerrado Gregorio Aráoz Alfaro (Av. 520 entre 226 y 231, La Plata), Oscar Luis Tacchi, en ese momento subdirector, dio una feroz golpiza con golpes de puño, cachetadas y patadas a ocho jóvenes alojados.
Luego de esa noche -indicó la fiscal-, algunos jóvenes fueron trasladados inmediatamente a otras dependencias y otros fueron encerrados en los buzones o calabozos, aislados durante varios días y sin atención médica.
La selección de los internos realizada por Tacchi no fue al azar, según comprobó la fiscalía. A su criterio, eso obedeció a un evidente castigo contra los responsables de iniciar un reclamo dentro del Centro y, al no ser atendidos, iniciar un incendio prendiendo unos colchones en otro sector del edificio.
Las víctimas que declararon en la causa señalaron que Tacchi hizo que ocho internos fueran al sector donde habitualmente se realizan actividades físicas y allí los golpeó en presencia del asistente de minoridad, Mariano Ferrari (alias Fatiga) y de los jefes de guardia Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado.
Luego de golpearlos, Ferrari y Chamorro los llevaron al sector de celdas; en el pasillo provocaron que otros internos los patearan y les pegaran. Ya en las celdas, los dejaron sin sus pertenencias y sin ropa, salvo lo puesto: un short, ojotas y remera.
Posteriormente, Ferrari y Chamorro los arrastraron al sector de recreación, los mojaron con baldes de agua y les descargaron en el cuerpo toda la carga de un extintor de fuego. Los dejaron en ese salón sin una manta para pasar la noche.
De acuerdo a las actuaciones judiciales, esos hechos fueron detectados por las entrevistas con los jóvenes realizadas por la Comisión por la Memoria en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.
El organismo realizó las denuncias y presentaciones judiciales pertinentes y solicitó la inmediata intervención de la justicia, según se informó desde la Comisión por la Memoria.
Para la fiscal Corfield. las heridas en el rostro y en el cuerpo de las víctimas eran evidentes a simple vista: chichones en la cabeza, labios rotos, la cara cubierta de sangre. Es por esto que la imputación también implica a dos funcionarios: Marta Casali, directora de supervisión y monitoreo del Organismo de Niñez de la provincia de Buenos Aires, y el coordinador regional Dante Martínez. Ambos, con conocimientos previos de los hechos, omitieron denunciar pese a tener la obligación de hacerlo.
Tras el pedido de elevación a juicio, ahora se aguarda que el juzgado de garantías se expida y defina los delitos por los que serán juzgados los imputados.
La Comisión por la Memoria asegura que el delito en pugna es el de torturas. Y con esa calificación deberían ser enjuiciados el subdirector y los restantes funcionarios.
El centro Aráoz Alfaro recibe a jóvenes detenidos de toda la provincia de Buenos Aires. Fue creado con la premisa de resocializar a los internos mientras cumplen con el encierro preventivo o purgan una eventual condena. La justicia platense detectó, en cambio, que allí además se registraban todo tipo de vejámenes y apremios.
El caso se dio a conocer cuando los jóvenes apaleados dieron testimonio ante un juez responsable de su guarda y por otras empleadas funcionarias que en el cumplimiento de sus deberes informaron lo ocurrido.
La problemática se extiende a otros institutos de menores de la Provincia desde hace muchos años. En el fuero de La Plata tramita desde hace tiempo un expediente de habeas corpus con numerosas fojas referido al complejo Almafuerte por presuntas irregularidades con menores de entre 16 y 18 años privados de su libertad.
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En total, en la provincia de Buenos Aires hay ocho centros cerrados para jóvenes en conflicto con la ley penal y 14 centros de contención, donde los acusados o condenados cumplen medidas de privación de la libertad en distintas modalidades.
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