Crece el escándalo de las elecciones a delegados en UPCN-PBA

Por Quirón

El escándalo gremial de la seccional UPCN-Provincia de Buenos Aires en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) continúa agravándose luego de la denuncia por irregularidades en los comicios de delegados del pasado 19 de junio y la expulsión de los referentes gremiales de la delegación, Jesús Nieves y Antonella Villanueva. GRUPO MEDIATRES recorre todo el escándalo desde los polémicos comicios gremiales.

Tras las notas presentadas por el cuerpo de delegados ante la seccional que conduce Fabiola Mosquera, la central nacional del gremio encabezada por Andrés Rodríguez y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el pasado 19 de agosto se sumó una acción de amparo ante la justicia para que se dicte una medida de “no innovar” y se restituya a los dirigentes en sus cargos gremiales, tras ser expulsados por acompañar el reclamo de los delegados de la DGCyC.

Elecciones a delegados ¿Sin tutela gremial?

El pasado 19 de junio se llevaron a cabo los comicios de delegados en la DGCyE, dónde los candidatos denunciaron que fueron obligados a presentar una renuncia anticipada “en blanco” ante la Junta Electoral del gremio, como requisito para poder postularse en la renovación de sus mandatos.

La nota de queja fue presentada por el cuerpo de delegados el mismo día de la votación ante el presidente de la Junta Electoral de UPCN, Juan Pablo Martin Oyarzabal, denunciando entre otras irregularidades que, “nunca publicaron la resolución 169/25 del 4 de junio del corriente año” que establecía las condiciones de los comicios, que “la misma apareció 3 días después de la fecha de firma y por ende oficialmente desde el gremio nunca la publicaron, ni informaron por los medios oficiales dicha convocatoria (cuando en el resto de los organismos no fue así)” enfatizaron y remarcaron que “hicieron todo para perjudicar al votante”. Sobre el acto electoral, que debía desarrollarse de 8am a 15.pm, denunciaron que “las urnas llegaron después de las 10.am (cuando los comicios comenzaban a las 8.am.). Ese retraso provocó que muchos compañeros quedaron sin votar” y que, “varias urnas salieron con faltante de boletas. Algunas boletas quedaron intencionalmente en la secretaría gremial” y que las urnas comenzaron a ser retiradas a las 14 horas.

Seguidamente, el 26 de junio, los delegados insistieron con el reclamo y pidieron “la impugnación del llamado y realización a elecciones”. La nota fue dirigida está vez al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Junta Electoral de UPCN-PBA, a la secretaria general del gremio en la provincia, y al líder del gremio a nivel nacional, Andrés Rodríguez. La presentación insistió en señalar que la junta electoral no respetó el cronograma de distribución de urnas y cantidad de delegados a postularse que propuso el cuerpo de delegados de la DGCyE, y que se firmó “sin previo aviso” la resolución 169/24 del 4 de junio, que se dió a conocer, recién el 7 de junio.

Los delegados denunciaron que, pese a la irregularidad en torno a la resolución 169/24, “de todas formas nos presentamos para la postulación, encontrándonos con la ‘sorpresa’ de que al momento de firmar la postulación y una declaración jurada, nos exigían de forma autoritaria, violenta y patoteril, firmar una renuncia al cargo de delegado el cual nos postulamos sin fecha”, explicaron los delegados que agregaron que “desde la junta electoral explicaban que es una decisión de la Secretaria General y por ende el que no acepte no tendrá la posibilidad de presentarse”, insiste la presentación.

En esta nota, los delegados sumaron entre los reclamos que los presidentes de mesa de los comicios fueron “puestos autoritariamente desde la junta electoral, con una inexperiencia nunca antes vista, y perjudicando constantemente a los postulantes y votantes”, y que cuando terminó el acto eleccionario, “las urnas fueron llevadas a la Secretaria Gremial impidiendo la participación y presencia del conteo de votos a los respectivos fiscales, no dejando ingresar a ningún fiscal, todo también en modos agresivos y patoteriles” denunciaron los delegados. Ante la falta de respuesta, los delegados volvieron a presentar el reclamo los días 5 y 11 de julio.

El mismo 11 de julio, la comisión directiva de UPCN-PBA, hizo efectivas las dos supuestas renuncias presentadas por Nieves y Villanueva al momento de asumir su mandato en el año 2022 como secretario de Organización y secretaria Gremial de la DGCyE, cargos que debían ocupar hasta el año 2026.

Los dirigentes denunciaron posteriormente que los “sacaron del medio” luego de que la conducción del gremio les ofreció cargos a cambio de convencer al cuerpo de delegados que retirara las notas presentadas. La “oferta” fue rechazada por los dirigentes, por lo que fueron presionados para aceptar los términos impuestos por la secretaría general bajo la amenaza de hacer efectivas las supuestas renuncias a sus cargos.

Al día siguiente, el 12 de julio, el Presidente de la Junta Electoral, Juan Pablo Martin Oyarzabal rechazó la nota presentada por los delegados, bajo el argumento de que ya había caducado el plazo para impugnar las elecciones y que la presentación estaba mal firmada.

Cabe destacar, que la nota que rechaza Oyarzabal es la presentada el 11 de julio, cuándo se habían presentado tres notas anteriores, la primera durante la misma fecha de los comicios, cuándo el plazo habilitado en el estatuto estaba en vigencia.

El 25 de julio, el cuerpo de delegados volvió a enviar notas a los órganos ya mencionados, con el objetivo de aclarar que denuncias “se efectuaron con la intención genuina de asegurar la transparencia y la justicia en el proceso electoral, manteniendo la integridad sindical”, luego de que desde la secretaria general se buscara instalar la versión de que las denuncias formaban parte de una agresión de género hacia la titular provincial del sindicato. El cuerpo de delegados negó las acusaciones y solicitó “una auditoría imparcial” del proceso electoral.

El 29 de julio, Villanueva y Neves elevaron una nueva nota al Consejo Directivo Nacional de UPCN y a su secretario General, Andrés Rodríguez, en respuesta al rechazo de la Junta Electoral provincial realizado sobre las presentaciones del cuerpo de delegados el 12 de julio y dónde. además de pedir por la intervención de la seccional, se relata la manera en la que se expulsó a los dirigentes de sus cargos, acto que tanto Nieves, como Villanueva, pidieron que se declare nulo. A su vez, la nota explica que Mosquera ofreció a Nieves la creación de un cargo para destrabar el conflicto, “quisieron sobornarme con la creación del cargo de

´subsecretario Gremial de Educación’, para ofrecérmelo a cambio de que desestime al conjunto de trabajadores de hacer la denuncia”. Tras el rechazo de la oferta, Mosquera amenazó a los dirigentes con su permanencia laboral en el ministerio.

Mosquera usó renuncias presentadas cuando ocupaban otros cargos: ¿Conducción o prepotencia?

El 19 de agosto, Nieves y Villanueva, quienes se desempeñaban como secretario de Organización y secretaria Gremial de la DGCyE con mandato hasta 2026, presentaron ante la justicia del trabajo un amparo sindical, solicitando una medida cautelar innovativa contra la seccional de UPCN-PBA y pidiendo que se dé lugar a la medida de no innovar en el proceso, que se declaren nulos de nulidad absoluta los actos por los cuales se aceptaron las renuncias, que calificaron como un “medio extorsivo” y que “de corresponder” se ordene la intervención de la sede gremial.

Los dirigentes denunciaron que la titular del gremio utilizó renuncias presentadas por los dirigentes en el año 2014 y 2018, para los cargos de subsecretario y subsecretaria de Educación. La maniobra de Mosquera llegó luego de que los dirigentes se negaron a convencer al cuerpo de delegados de desistir en la denuncia por irregularidades y coacción por la “obligatoriedad de tener que firmar una renuncia al cargo que se postulaba al mismo momento en que se presentaba la candidatura”, realizada contra la conducción del gremio.

En el texto de la denuncia de Nieves y Villanueva, se apunta nuevamente contra Mosquera por utilizar una renuncia de los dirigentes presentada cuando ocupaban los cargos de Subsecretario de Educación (Nieves) y Subsecretaría de Educación (2018) y que nunca fueron aceptadas por la gestión de entonces encabezada por Carlos Quintana. Es decir que las renuncias, además de tener origen en una gestión anterior a la de Mosquera, eran para otros cargos y períodos que los que ejercen en la actualidad.

La presentación insiste en que Nieves fue llamado a una reunión dónde se le ofrecieron cargos a cambio de que se retiren todas las notas y denuncias presentadas, donde además lo amenazaron “con hacer efectiva” una supuesta renuncia al cargo de Secretario de Organización. En la reunión, denuncia Nieves, se le explicó que la imposición de las renuncias anticipadas “era fundamental, porque de lo contrario no había manera de ‘ejercer control’ sobre los delegados que no hicieran lo que se les mandaba” y que, “esas renuncias tenían que ser firmadas porque era la manera de ajusticiar a quien no estuviera de acuerdo con sus ideas”, relata el dirigente en la denuncia.

Además, los denunciantes señalaron que no recibieron la notificación de su cese en el cargo, sino que se anoticiaron cuando se presentaron a cumplir sus funciones gremiales, “el día 19 de julio cuando concurrí a cumplir con mis actividades gremiales me encontré, con que no me dejaban pasar y me entregaron una resolución firmada por la Comisión Directiva, que hace efectivas nuestras renuncias”, manifestaron e insistieron en que las renuncias utilizadas por Mosquera, habían sido presentadas bajo la gestión de Carlos Quintana al frente del gremio, que nunca fueron aceptadas y que no tenían relación con los cargos actuales.

Asimismo, sobre el caso de los delegados aclararon que, si bien existen acuerdos políticos dónde pueden llegar a entregarse “renuncias en blanco” como “gesto político” de buena fe, nunca se habían impuesto ese tipo de renuncias a los candidatos a delegados y que la gestión actual “decidió unilateralmente, y sin consulta al resto del espacio al que ocupamos” imponerlas a los delegados como requisitos para presentarse a los comicios. La presentación judicial además pide que se cite a declarar a Mosquera y a 27 testigos que se presentaron en los comicios para los cargos de delegados.

La denuncia, cayó en el Tribunal de Trabajo n° 4 que resolvió declararse “incompetente” para atender en el caso, aludiendo a los artículos 60 y 59 de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que establecen que el órgano para entender en controversias intrasindicales, una vez agotada la vía asociacional, en la Dirección Nacional de Asociaciónes Sindicales, “es la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo”, por lo tanto la causa deberá continuar su curso en la Dirección que se encuentra bajo la órbita de la secretaría de Trabajo de la Nación.

Una “intervención” ilegal y violenta

Tras esta última presentación, los trabajadores de la DGCyE denunciaron la aparición de panfletos en el ministerio que apuntan contra los delegados. Además el gremio difundió un video de la propia Mosquera tratando a los delegados de “vagos”, lo que generó un profundo malestar entre los afiliados del ministerio.

Además, el pasado martes la delegación de la sede de la DGCyE, dónde funciona la atención a los afiliados y un servicio médico que dispensa órdenes para la compra de los medicamentos de los trabajadores de la Dirección, fue intervenida por orden de Mosquera “en absoluta actitud de patoterismo” para “desalojar la delegación de la sede sin previo aviso”, subrayan fuentes de la delegación. “Mandaron directamente a cambiar la cerradura”, agregaron con indignación y preocupación por la situación, (dónde cabe preguntarse si la gestión política de la Dirección con rango ministerial a cargo de Alberto Sileoni prestó su aval). Por otra parte, si bien el resultado de las elecciones nunca fue confirmado oficialmente por el gremio, tampoco se declaró la intervención de la delegación mediante ninguna resolución oficial.

Según el relato de los delegados, “mandaron a cuatro mujeres que, de forma muy violenta, echaron a los delegados y hasta le cambiaron la cerradura, no paran de generar malestar en los afiliados y situaciones difíciles de explicar” remarcaron e insistieron, “revisaban y tiraban todo, cómo si fuera una requisa. Nosotros somos trabajadores que queremos al gremio, atendemos ad honorem, no tienen por qué comportarse así ni mandarnos patotas. Es una locura”, lamentaron los trabajadores que también denunciaron que, tras ser echados, no se les permitía retirar sus pertenencias. La DGCyE es solo una expresión de lo que viven los trabajadores del sindicato entoda la provincia, donde los trabajadores insisten en remarcar que el gremio “ya no es lo que era con Quintana”, que “no hay conducción” y que la actual gestión “se cree la dueña del gremio”, lo que también se refleja en la tendencia a la baja que presentan las planillas de afiliados desde la asunción de Mosquera tras el fallecimiento del histórico dirigente.