Apuntan a gestores y abogados en allanamientos de la justicia platense por la banda de los “sacamultas”

El fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, en conjunto con otras fiscalías de la Provincia, realizaron entre el viernes y este fin de semana numerosos procedimientos judiciales en juzgados de faltas de tránsito en el marco de la causa que investiga a una organización criminal integrada por gestores y abogados destinada a obtener dividendos y espurias ganancias en concepto de multas de tránsito cometidas en la Provincia de Buenos Aires. 

Los operativos fueron llevados adelante a partir de la orden judicial por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La principal diligencia judicial tuvo lugar en el Juzgado de Faltas de Tránsito ubicado en la sede de CABA de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. 

En tribunales se informó que la medida, con carácter de allanamiento, fue dispuesta por el fiscal Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata, con el objetivo de incautar diversa documentación. 

El juez de Garantías, Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, validó el requerimiento fiscal en los términos de una “orden de presentación”, autorizando a la Policía Aeroportuaria para que irrumpa en la sede del Juzgado de Faltas e incaute la documentación que era intensamente buscada. 

Voceros judiciales indicaron que la fiscalía de Garganta investiga expedientes del año 2022 a la fecha cuyas multas no coinciden con la información cargada en el sistema provincial de faltas de tránsito. 

De acuerdo a la Ley provincial 13.927 -capítulo 2, artículo 32-, se establece que las infracciones de tránsito “cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías, y semi autopistas provinciales o nacionales en el territorio de la provincia, inclusive las que atraviesen el ejido urbano, serán juzgadas por la Justicia Administrativa de infracciones de tránsito Provincial”.

El origen de la investigación judicial, tal como informó Capital 24 en su momento, fue que varios intendentes bonaerenses habían registrado una merma significativa en la recaudación obtenida en concepto de infracciones de tránsito. 

Primero de manera extraoficial a través de arqueos y auditorías y luego con una denuncia formal en sede penal, se apuntó a establecer el motivo del llamativo descenso de los fondos obtenidos a través de las multas. Esas recaudaciones para los municipios suponen un ingreso sensible dentro de la recaudación total de cada comuna por diferentes ítems.

Con la primera documentación incautada, el fiscal Garganta puso bajo sospecha a una red criminal integrada en la cúspide, por funcionarios provinciales, jueces de faltas, abogados y gestores, y en los niveles de menor jerarquía administrativos y hasta personal policial, de allí que los operativos judiciales que se hicieron a partir del jueves, no participaron uniformados de la bonaerense.  

Asimismo, las fuentes consultadas destacaron que en la organización criminal habría gestorías que publicitan sus servicios con señalética en la vía pública y otras piezas de difusión como banners y flyers en redes y sitios web, ofreciendo a los infractores resolverles sus multas. 

En rigor, lo que ofrecerían estas gestorías, ya identificadas en el expediente, es, entre otros “servicios”, reducir las deudas por multas en un 50 por ciento del valor total. 

Los investigadores judiciales acreditaron que, con ese monto percibido, luego se dirigen al juzgado de faltas donde logran eliminar las infracciones. Ese último mecanismo o paso “administrativo” es lo que aún investiga la justicia. Lo cierto es que causa gran sospecha la manera en que determinadas multas aparecieron “eliminadas” o bien, sugestivamente “reducidas” en su valor, siempre todo esto, con el “aval” de un juez de Faltas. 

Estas maniobras lo que efectivamente, están produciendo es una sustancial baja en la recaudación provincial en lo que se refiere a las infracciones, lesionando de sobremanera los fondos que deberían recibir los municipios en ese concepto. Desde la fiscalía aseguran que las pérdidas son millonarias.  

Además de ese “ardid”, los detectives judiciales apuntan a otro modus operandi. Sospechan que desde los juzgados provinciales estarían jaqueando los sistemas informáticos de los juzgados de faltas municipales, logrando también la eliminación o reducción de multas por esa vía “informática”. Esto implicaría la existencia de infracciones locales que de pronto fueron liquidadas a “nivel provincial”. 

Tras los procedimientos realizados en las ultimas horas, ahora el fiscal Garganta analizará la documentación y no de descartan imputaciones y órdenes de detención en las próximas horas.