La medida que benefició al embajador de Brasil, y hasta hace pocas horas, candidato presidencial, fue dispuesta ayer por el juez de garantías de La Plata Agustín Crispo. Luego de ser notificadas las defensas, el fiscal de la causa, Álvaro Garganta, y el fiscal de Estado, Hernán Gómez, podrán apelar la resolución.
En el mismo dictamen, el juez Crispo sobreseyó a Scioli, al exministro de Salud Alejandro Collia; al empresario Ricardo Estanislao Miller; a Gerardo Daniel Pérez, Ana Beatriz Priolo y Matías Alcalde.
Scioli, Collia y Miller estaban procesados por el delito de “tráfico de influencias pasivo y activo”, mientras que Pérez, Priolo y Alcalde estuvieron imputados de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La causa se inició el 3 de junio de 2016, cuando la entonces diputada Carrió radicó la denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. La presentación recayó en el fiscal Garganta quien instruyó el expediente. Una parte de esa pesquisa se dio por finalizada, con pedido de juicio oral.
La investigación penal preparatoria tramita bajo el número 06-00-020688-16/00. Pero se realizaron ocho desdoblamientos: 01 ABSA; 02 Loterías y Casinos; (archivado); 03 Puerto La Plata (archivado); 04 IOMA; 05 Jefatura de Gabinete; 06 Obra pública; 07 Secretaría General (archivado); 08 Dirección General de Educación y Cultura (archivado).
En una resolución del 17 de mayo pasado el juez Crispo informó que tratará cada uno de los alcances con requerimiento de juicio oral por separado (ABSA, IOMA, Jefatura de Gabinete y obra pública) “circunscribiendo la evaluación y valoración de lo solicitado a la parte pertinente de cada uno de ellos”.
Para Crispo, algunas probanzas sostenidas por el fiscal Garganta no estarían acreditadas. La fiscalía había indicado que no pudo establecer “ni cómo, ni dónde el exgobernador” habría influido sobre sus colaboradores para que delinquieran. “Si bien puede establecerse cuándo (entre los años 2011 a 2015), no puede esta instrucción probar si la determinación se produjo por medio de una charla personal, a través de un chat de WhatsApp y/o Telegram, en el interior de una oficina y/o tomando un café en un bar”, sostuvo entonces el fiscal, al apoyarse en “prueba indiciaria”.
En la megacausa se investigó además de a Scioli a sus exfuncionarios Alberto Pérez (exjefe de Gabinete), Alejandro Collia (exministro de Salud), Eduardo Aparicio (exministro de Desarrollo Social y titular de la APREVIDE hasta hace unos meses, procesado en otra causa), Guillermo Scarcella (ex titular de ABSA), Antonio Atilio La Scaleia (ex titular de la obra social IOMA) y el contador Walter Carbone, junto a los empresarios Ricardo Estanislao Miller, Juan Carlos Mancinelli y Daniel Osvaldo Robert, entre otros.
Fuentes judiciales indicaron que, con los sobreseimientos dictados ayer por el juez de garantías Crispo se abren dos posibles cauces: por un lado, la posibilidad de que la sanción penal recaiga solo sobre los imputados de menor jerarquía funcional. O bien, que sea el primero de los siguientes resolutorios de sobreseimiento, que, en cadena, podría terminar con la “megacausa” archivada.
Por eso que ahora será clave la eventual apelación a los sobreseimientos dictados ayer por el fiscal de instrucción o el de Estado.
En la causa se investigaron delitos de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas. En uno de los alcances se indaga sobre el posible pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en distritos de Buenos Aires. Según la investigación, para ello habrían contratado a la empresa de Miller.
En el alcance número 1 se investigó el manejo de fondos en la empresa de servicios de agua potable y cloacas Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), por la que fueron procesados Guillermo René Scarcella (expresidente de ABSA) y el funcionario Pablo Damián Elías.
En el alcance número 4 del expediente se indaga sobre el manejo de fondos en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Hay 20 funcionarios implicados y presuntos “empleados infieles”, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) En este tópico, se investigó sobre presuntos fraudes con internaciones domiciliarias.
