Comenzó el juicio a nueve guardiacárceles por la muerte de un preso en la U1 de Olmos

En la primera jornada se procedió a la selección del jurado popular -12 titulares y 6 suplentes-, que decidirá la suerte procesal de los acusados. El juicio fue pautado en diez jornadas.

De las actuaciones preliminares surge que la víctima hacía menos de dos meses que estaba detenida en la Unidad Penitenciaria de Olmos y durante ese lapso no recibió la medicación con regularidad ni la atención sanitaria que requería su enfermedad. Además, no habría sido trasladado a una unidad psiquiátrica cuando fue solicitado por la familia en diferentes trámites judiciales. 

Los imputados por el delito de imposición de tortura agravada por el resultado de muerte son Rafael Ezequiel Herrera (el jefe del penal de aquel momento), Juan Ignacio Tocci, Santiago Barrios Rivero, Mariano Oscar Silva Urbieta, Matías Wernicke, Mario Abel Ardiles, Emanuel Vallejos, Eliseo Oriel Porta y Sergio Ariel Ceballos.

La acusación señala que el hecho se produjo entre las 8 y las 9:10 del 1° de agosto de 2016, cuando el interno Gastón Ayala, de 36 años, sufrió un ataque de epilepsia en su celda. Al parecer, esos incidentes ocurrieron a partir de un accidente doméstico que había sufrido en su adolescencia y para evitarlos debía tomar todas las mañanas la medicación correspondiente.

En ese momento sus compañeros de celda pidieron al encargado de pabellón que los dejaran trasladar al paciente hasta sanidad, por lo que debían bajar desde el tercer piso a la planta baja hasta un sector llamado “la rotonda”, que mediante pasillos conecta distintas dependencias de la penitenciaría, entre estas, la enfermería.

Al llegar con el joven cargado en una manta les informaron que debían aguardar a que desocupara un médico y fue allí que, según la acusación, un grupo de agentes penitenciarios intentó reducir a Ayala -que pedía ayuda desesperadamente- y comenzó a golpearlo con patadas y una llave en el cuello que terminó provocando su muerte minutos después.

El juicio está a cargo del juez Ezequiel Medrano del Tribunal V de La Plata. La fiscal es Leyla Aguilar. También interviene el programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina al particular damnificado: Ricardo Ayala y Elvia Aquino, padres de la víctima.