Acusaciones cruzadas, denuncias penales en La Plata y Chascomús, intervenciones judiciales y policiales conforman un cóctel que por momentos se torna violento.
02 de noviembre de 2024
Y el denominador común de los escritos tanto en el fuero penal como en los mensajes de cadenas de whatsapp termina siendo Marcela Adriana Turienzo y, en menor medida, Carlos Fernando Bianchi.
Turienzo y Bianchi son los responsables de la empresa Althea SRL, que en su presentación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires hace gala de una versatilidad pocas veces vista. Pero la pareja societaria tiene como “especialidad” la administración de consorcios y lo destaca en sus primeras palabras.
“Administración de conjuntos inmobiliarios, edificios, barrios cerrados, clubes de campo; servicios de administración, procesamiento de datos, liquidación, rendición y gestión de cobros y pagos, control de personal, proveedores y clientes, secretariado, mensajería; servicio de limpieza, mantenimiento y reparación albañilería, pintura, cerrajería, jardinería, control de plagas y vectores; construcción de todo tipo de obras, comercialización, alquiler, préstamos, permuta, usufructo, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, refleja el B.O. del 26 de junio de 2024.
En las últimas semanas se acentuaron los cuestionamientos que desde hace meses vienen surgiendo contra Turienzo, y los mismos tienen que ver (denuncia judicial mediante) con el “incumplimiento de sus funciones como administradora, y el ejercicio de acciones impropias de su rol, como el hostigamiento, amenazas y coacciones a los consorcistas”.
Quienes la denuncian presentaron en la Justicia penal correos electrónicos, liquidaciones de expensas, fotos de cartas documento y denuncias penales incoadas a la administradora.
A modo de ejemplo, expusieron que la Administradora “en un acto de despilfarro, utilizó 121.952 pesos de fondos del Consorcio que le facturó a todos los consorcistas por la realización de un informe” a un habitante del edificio que administra. “La confección de un informe está dentro de sus funciones, indicó Victoria Guillermina Taini, la abogada que representa a propietarios del Edificio Cumbre ubicado en calle 9 entre 48 y 49, que es donde se produjeron los problemas que luego originaron las presentaciones judiciales.
Uno de los escritos presentados por Taini también se realizó en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dado que Turienzo y Bianchi están inscriptos en el Registro Nº 1 de Administradores de Consorcios de ese organismo.
Las denuncias contra la administradora también tienen que ver con “cobros indebidos de ítems que figuran en las expensas, violación de normativas legales que hacen a la seguridad del edificio, trato desigual a propietarios y preferencias hacia quienes tienen afinidad con ella”.
En otra parte del texto de la denuncia ante la DPPJ se señala que Turienzo contrató a su hijo menor para trabajar en el edificio, algo totalmente antijurídico. El Edificio Cumbre cuenta también con una amplia galería que tiene salida por calle 49.
De acuerdo a los voceros consultados, el conflicto va en escala y parece no detenerse. De hecho, la defensa de Turienzo fue denunciar a los consorcistas ante la fiscal Betina Lacki, quien ordenó una perimetral para uno de los vecinos que mantuvo con ella fuertes intercambios.
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