La justicia penal platense hizo lugar a un Hábeas Corpus colectivo y clausuró los calabozos de la seccional policial ubicada en Avenida 7 y 74, en la localidad de Villa Elvira.
Policiales13 de febrero de 2025
Efectivamente, luego de un Hábeas Corpus (procedimiento judicial que protege la libertad de las personas que son amenazadas o privadas de ella ilegalmente) presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la justicia platense constató que la seccional policial se encontraba en condiciones inhumanas de detención.
Se comprobó que en el lugar había hacinamiento extremo, falta de agua potable y presencia de roedores.
Fueron los familiares de los detenidos quienes denunciaron esta situación ante la CPM y el organismo actuó en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura. Del relevamiento presentado ante la justicia se advirtió que en los calabozos se encontraban detenidos entre 40 y 45 personas en un espacio de 16 m2 , el cual debía ser habitado por tres personas. El lugar no contaba con la ventilación adecuada ni tenía acceso a los baños y el suministro de agua dependía del personal policial y de sus familiares.
“En la comisaría se registró la presencia de ratas, lo que obligaba a los detenidos a colgar sus alimentos para evitar la contaminación”, destacaron voceros de la CPM.
En la presentación, también se denunció un trato cruel por parte de los efectivos policiales. Los familiares denunciaron que durante el horario de visita, los detenidos eran trasladados de celda y al finalizar, volvían a ser hacinados en el mismo espacio reducido.
La inexistencia de atención médica también fue denunciada. Los detenidos no tenían accesos regulares a controles médicos ni a los medicamentos.
Luego de un peritaje, se confirmó la deficiencia y la nulidad del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad y, por ese motivo, la justicia decidió la clausura de los calabozos y trasladaron a los detenidos a otros establecimientos.
Por su parte, el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, ordenó que se investigue la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios policiales y dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires presente en el término de 15 días un plan de reparación integral del edificio.
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