El cuádruple homicida antes de su muerte dejó un documento firmado cediendo sus bienes a su abogado, el penalista platense Eduardo Gutiérrez, quien falleció el año pasado. También rubricó un testamento para un psicólogo del Patronato de Liberados. La casona de la calle 48 entre 11 y 12, siempre en el foco de la herencia.
Región18 de febrero de 2025
Cuando parecía que la justicia civil de La Plata había resuelto el destino de la herencia del cuádruple homicida Ricardo Barreda, ayer se dio a conocer la existencia de los dos últimos testamentos firmados por el odontólogo platense. Uno para su abogado y otro para un psicólogo. Esos documentos abren ahora un nuevo litigio por la herencia. El letrado, Eduardo Gutiérrez, falleció el año pasado. A la vez, el psicólogo –de apellido Clara- del Patronato de Liberados reclama para sí los alcances del testamento.
Esto implica que otra vez queda en foja cero el pleito por los bienes de Barreda, especialmente la casona de la calle 48 entre 11 y 12, donde el odontólogo asesinó en noviembre de 1992 a sus dos hijas, su esposa y su suegra.
Recientes publicaciones periodísticas dieron cuenta que el abogado defensor de Barreda, Gutiérrez, había aceptado ser el destinatario del testamento a sabiendas de que aparecieran otras personas para quedarse con los bienes mientras el odontólogo cumplía su condena de prisión perpetua.
Sin embargo, el último tiempo previo a su fallecimiento en mayo de 2020, el cuádruple homicida fue declarado insano. A su vez, su abogado murió en enero del año pasado.
Además de la herencia que tramita en el fuero de La Plata, con el deceso de Barreda comenzó un expediente por la sucesión en el Departamento Judicial de San Martín, donde residió sus últimos días.
En los tribunales se acreditó que el testamento destinado al abogado Gutiérrez fue firmado por Barreda en último lugar por lo tanto sería el que adquiere validez.
Tal como viene informando Capital 24, en el fuero civil de La Plata, a través del juzgado 17 se determinó que los herederos sean familiares en la línea sucesoria de Elena Arreche, quien fuera la suegra de Barreda. Allí se estableció que la herencia debía recaer sobre los sobrinos y primos hermanos de Arreche y de la esposa de Barreda, Gladys Elena Margarita Mac Donald.
En vida, el cuádruple homicida ya no podía recibir ningún bien en la herencia porque la justicia lo había declarado “indigno”. Además en 2014, la Legislatura bonaerense aprobó la expropiación de la casona de la calle 48.
Además de esa vivienda, también se encuentra entre los bienes sucesorios una casa en Mar del Plata y los vehículos incautados por la Fiscalía de Estado, un Ford Falcon de color verde y un DKW.
Al salir de la cárcel, en 2017, Barreda fue enviado a una pensión de General Pacheco, luego permaneció alojado en el Hospital Eva Perón de la localidad de San Martín y finalmente murió el 25 de mayo de 2020 en el geriátrico “Del Rosario” en José C. Paz.
En los últimos días se han reactivado distintas vías judiciales donde quedaron diseminadas las “esquirlas” de la detonación que, desde hace más de 30 años a esta parte, concierne a la causa Barreda. En la vía civil de La Plata, la determinación de los herederos en la línea sucesoria de Elena Arreche, la suegra del odontólogo; en el fuero contencioso administrativo tramita una revaluación de la casona de la calle 48; en la vía administrativa municipal el expediente para delegar la casa al ministerio de Mujeres bonaerense; y en los tribunales civiles de San Martín los dos testamentos ahora en pugna. El único fuero que dejó fijada su instancia fue el penal o criminal al dictar en su momento la condena de prisión perpetua, con las debidas instancias de apelación y de ejecución de la pena. El resto, sigue todo en “proceso”.
La seguridad fue uno de los temas centrales de la sesión ordinaria de ayer en el Concejo Deliberante de La Plata, la primera del año, a partir del pedido de interpelación al secretario de Seguridad comunal, Diego Pepe, presentado por el concejal de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón.
Las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificando la detención de personas por su sola militancia kirchnerista constituyen una afrenta directa a los principios básicos del Estado de Derecho y resultan inconstitucionales desde diversas perspectivas jurídicas.
La seguridad fue uno de los temas centrales de la sesión ordinaria de ayer en el Concejo Deliberante de La Plata, la primera del año, a partir del pedido de interpelación al secretario de Seguridad comunal, Diego Pepe, presentado por el concejal de La Libertad Avanza, Guillermo Bardón.
La pregunta del título de esta nota es la que formuló ayer la concejal María Belén Muñoz (Pro Libertad) durante la primera sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante de La Plata.
La caravana que realizaron vecinos de distintos barrios de La Plata este último miércoles, tuvo una consigna implícita extremista pero necesaria. La ciudad entera está harta de la delincuencia y ante la falta de respuestas, levantaron carteles frente a los lugares de quienes deberían tomar cartas en el asunto.
Trabajadores de prensa, reporteros gráficos, cineastas, comunicadores populares y estudiantes de la región convocaron a un “Camarazo” en nuestra ciudad para “repudiar la violenta represión contra miles de jubilados y trabajadores, en la que hirieron gravemente al fotógrafo Pablo Grillo”.
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Los acusados son un comisario y un subteniente de la Bonaerense. Ambos se desempeñaban en la Comisaría Cuarta de La Plata. Habían acudido a una vivienda por el fallecimiento de una anciana.
La figura del “anti” nació allá por el 55 del siglo pasado y nunca cayo en desuso, construyendo entidades sin raigambre propia, sino la de “estoy en contra”, despersonificando y convirtiendo en vacía una cuasi ideología que no es, sino por lo que representa el otro.