Ante la fiscal penal de La Plata, Virginia Bravo, los dos acusados de matar al agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Jorge Luis Castells, en el estacionamiento del hipermercado Nini de nuestra ciudad, reconocieron haber participado en el hecho, pero dijeron no haber tenido “intención” de provocar la muerte.
Policiales25 de febrero de 2025
En su indagatoria, los imputados, un hombre de 37 años y su padre, de 58, afirmaron que la víctima fue quien inició el altercado y que la situación se descontroló de manera imprevista.
Para la fiscalía, el hecho se produjo luego de una discusión por una maniobra de tránsito en el ingreso al centro de compras mayorista. Los acusados, que habían llegado desde Entre Ríos en camión para entregar una carga de arroz, declararon que desconocían el sector de despacho de la mercadería. En ese contexto, realizaron una maniobra que habría obstaculizado el paso de Castells, quien se trasladaba en camioneta por 520 y 23.
También dijeron que en ese marco, el penitenciario reaccionó de manera agresiva, "le tiró una cachetada" al menor de los acusados y se alejó bajo amenazas de regresar armado: "Ahora voy a buscar un fierro y los voy a cagar a tiros", dijo Castells, de acuerdo a la versión dada a conocer.
Minutos después y cuando descargaban los pallet con los paquetes, según añadieron, el penitenciario regresó en una moto de 250 cc y los enfrentó. Atacó primero al hijo del camionero con golpes en la cabeza, en la espalda y en los riñones.
Fue en ese momento que el padre salió en su defensa. Hubo un forcejeo. Su hijo le tiró una piedra en la cara al penitenciario, quien se cayó al suelo. Las pericias indican que el golpe contra el pavimento habría sido el factor determinante en su fallecimiento, ocurrido horas después en el hospital San Roque de Gonnet.
La versión aportada por los acusados ahora será analizada por la fiscalía, cotejándola con los resultados periciales. La defensa podría buscar un cambio de calificación a homicidio preterintencional, lo que reduciría la pena máxima a seis años de prisión.
La fiscal dispone de un plazo de 15 días para resolver si pide o no la prisión preventiva de los dos imputados.
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