El juez analiza el pedido de juzgamiento formulado por la fiscalía de La Plata. Los tres están con prisión preventiva por integrar una asociación ilícita con los haberes de empleados “ñoquis” de Diputados. El perjuicio supera los 400 millones de pesos.
Región11 de abril de 2025
El juez de Garantías de La Plata, Federico Guillermo Atencio, ya tiene en su poder el expediente que investigó la millonaria defraudación en la Legislatura bonaerense perpetrada a través del cobro de los sueldos de numerosos empleados “fantasma” de la Cámara de Diputados. Se sospecha que el perjuicio supera los 400 millones de pesos y tenía como destino financiar la política partidaria.
Tal como venía informando Capital 24, tras dar por finalizada la etapa de instrucción, la fiscal penal de La Plata, Betina Lacki, requirió el juicio oral y público para los imputados Julio “Chocolate” Rigau, el ex subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, el ex concejal platense Facundo Albini.
Los tres imputados se encuentran bajo prisión preventiva sindicados por el delito de asociación ilícita. La investigación judicial comenzó el 9 de septiembre de 2023, cuando el puntero del PJ “Chocolate” Rigau fue apresado in fraganti en un cajero automático del Banco Provincia, ubicado en la céntrica esquina de 7 y 54.
En el documento de la fiscalía también se pidió que 47 de los 48 dueños de las tarjetas de débito sean juzgados en audiencia oral y pública. Para la fiscal, los “ñoquis” o prestanombres también cometieron un delito en el entramado criminal.
Las cámaras de seguridad registraron que Rigau tenía en su poder 49 tarjetas de débito pertenecientes a “falsos” empleados de la Legislatura bonaerense, junto a 1.260.000 pesos en efectivo.
También se observó en las cámaras que “Chocolate” estuvo en esos cajeros cerca de 20 minutos extrayendo dinero de forma consecutiva. Su actividad fue advertida por un testigo presencial, quien dio aviso a la policía, lo que derivó en su detención en el lugar en “flagrancia”.
Desde ese momento el expediente adquirió una enorme repercusión en los medios de comunicación y redes sociales. Rigau fue descripto en su perfil como un puntero político del justicialismo de nuestra ciudad. Desde aquel día se encuentra detenido.
En rigor, “Chocolate” está en la Alcaidía de Melchor Romero con prisión preventiva. Pero su defensa obtuvo una resolución favorable de la Casación bonaerense al acceder al beneficio de la “prisión domiciliaria”. Aun llama la atención que Rigau, quien alegó serios problemas de salud a través de su defensa, todavía permanezca en prisión porque, según se informó, el Servicio Penitenciario bonaerense no cuenta con las tobilleras electrónicas de monitoreo, necesarias para su control extramuros.
La causa por la que ahora se pidió la elevación a juicio oral, también tiene como imputados detenidos con prisión preventiva a Claudio y Facundo Albini, acusados también de integrar una presunta asociación ilícita, destinada a sustraer fondos públicos mediante el uso fraudulento de los haberes de empleados “ñoquis” o prestanombres de la Cámara de Diputados bonaerense.
En los tribunales de La Plata, la Cámara de Apelaciones revocó en febrero pasado el beneficio de prisión domiciliaria que había sido solicitado por los defensores de los Albini, argumentando la edad de Claudio Albini y la situación familiar de su hijo Facundo. De la misma manera que pasó con Rigau, el beneficio procesal tampoco pudo efectivizarse por la falta de tobilleras o pulseras de monitoreo electrónico.
La fiscal Lacki indicó en su pedido de juicio oral que se tenga en cuenta el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa. Allí los peritos detectaron mensajes de WhatsApp que vinculan directamente a Rigau con Claudio y Facundo Albini.
En el teléfono celular de Albini padre, quien se desempeñaba como funcionario en la Cámara de Diputados, se verificaron conversaciones que revelaron el oscuro entramado de recaudación política.
En esas charlas y mensajes de WhatsApp quedó en evidencia que Rigau recibía 200.000 pesos por mes por encargarse de retirar el dinero de las cuentas bancarias de casi medio centenar de empleados registrados como trabajadores de la Legislatura.
Los investigadores judiciales también comprobaron que parte de esos fondos obtenidos por Rigau era entregada a los Albini, quienes oficiaban como superiores jerárquicos en el esquema. Esa organización, para la fiscalía, supone una asociación ilícita, entre otros cargos, con una pena en expectativa de al menos diez años de prisión efectiva.
La doctora Lacki, en su pedido girado al juez Atencio, resaltó el valor probatorio de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, en las que se observa a “Chocolate” Rigau utilizando una a una las tarjetas para realizar extracciones de 30.000 pesos por vez.
Otra pericia incorporada al expediente detectó que los abultados montos retirados en los cajeros por Rigau se correspondían a salarios de empleados que no cumplían funciones reales, conocidas como “ñoquis”.
En ese sentido, la fiscal Lacki aduce que en su totalidad, se trató de una maniobra sistemática y prolongada en el tiempo, lo que constituye indicios de una estructura organizada para defraudar al Estado. Las pericias y el monto del perjuicio calculado en 400 millones de pesos fueron establecidos en un período de dos años.
La fiscalía asegura que la maniobra se extendió por mucho más tiempo y por ende, el monto del fraude es exponencialmente mayor. Por todo esto, la fiscal fijó como calificación legal de la causa “asociación ilícita en concurso real con defraudación a la administración pública”.
En el requerimiento de elevación a juicio además de Rigau y los Albini, la fiscal pidió además el juzgamiento en esa instancia de 47 de los 48 titulares de las tarjetas de débito ajenas que usaba “Chocolate” cuando fue detenido extrayendo dinero de cajeros automáticos de 7 y 54. Uno de ellos se mudó a España y se realizará otra solicitud.
Ayer, el juez Atencio tomó contacto con el voluminoso expediente judicial. Allí figura también que cuando el magistrado le confirmó la prisión preventiva a los Albini, ellos intentaron deshacerse –en cuestión de horas-, de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la Ruta 2, mediante una venta simulada.
El coqueto y cotizado caserón se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini padre compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.
El 23 de febrero de 2024, Albini le informó a Sintec SA, la firma desarrolladora de Miralagos, que pretendía cederle su lote a un tercero por apenas US$30.000, cuando inmuebles de similares superficies y características cotizan desde los US$250.000 en ese country, según surge de la información disponible en distintos portales inmobiliarios. La empresa informó a la Justicia y todo se suspendió.
No obstante, la fiscal y el juez de Garantías afirman que Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan aún sin ser identificados en el expediente. Todos con alta jerarquía política.
En las conversaciones peritadas en el Whatsapp de los imputados, se detectó también que había empleados de la Cámara de Diputados que desconocían lo que en realidad percibían como sueldo. También desconocían el trabajo por el cual estaban asignados y percibían un salario. Incluso, hubo un caso, donde uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le den de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.
Desde la justicia platense, el ex funcionario sumó una nueva causa penal en su contra. En el inmueble arrendado funcionaba la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial. La sociedad fue constituida un día antes del negocio. La “propietaria” trabajaba en tareas de limpieza en la casa del imputado.
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