En una reciente asamblea de su Consejo Directivo, la tesorera de la entidad anunció que le deben pagar al gobierno municipal una abultada deuda en concepto de tasa SUM, algo que no correspondería hacerlo por estar exenta del mismo y establecido por un Decreto del año 2008. El problema radica en que la presidenta de la institución colegiada es, además, secretaria de Justicia de la gestión Alak.
Región29 de mayo de 2025
“No sé si se acuerdan de Emilio Pérsico cuando era funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a su vez presidente de una cooperativa que recibía millonarios fondos que él mismo autorizaba pagar desde su cargo privilegiado. Bueno, con el Colegio de Abogados de La Plata pasa algo parecido”.
De esa manera, un abogado le explicó a Capital 24 la insólita y curiosa situación que por estos días está movilizando las entrañas del Colegio de Abogados ubicado en 13 entre 48 y 49.
Todo comenzó hace pocos días, precisamente el 21 de mayo, durante la reunión de Consejo Directivo, en la que “al pasar” hubo una consideración que prácticamente pasó desapercibida para quienes estaban allí presentes, lógicamente todos profesionales del derecho y conocedores de las leyes.
En definitiva, uno de los temas a tratar fue el balance de cuentas del Colegio. En esa línea, la tesorera, Daniela Peluso, sin dar muchos detalles de montos y formas de pago informa que la entidad colegiada debe pagar una deuda con la Municipalidad de La Plata en concepto de tasa SUM. No obstante, voceros de la reunión aseguran que “se habló de una cifra superior a los siete millones de pesos por ese concepto”.
Al respecto, cabe señalar que la tasa SUM es una tasa municipal que se paga en contraprestación por publicidad en la vía pública, tasa municipal que suelen pagar los comercios en virtud de poder realizar publicidad de sus servicios en la vía pública.
“Esto queda sin efecto, dado que el Colegio de Abogados está incorporado desde el 30 de mayo del año 2008 al Registro de Entidades de bien público implementada por el Decreto 13554/80 e inscripta bajo el legajo número 1305”, explicó un vocero que está siguiendo el tema muy de cerca.
Seguidamente, explicó que “en el ámbito municipal se toma esta exención de pagos en el Decreto Municipal 866/08 suscripta en su oportunidad por el intendente Pablo Bruera, todo esto por ser el Colegio una entidad sin fines de lucro”.
“Por lo tanto, en virtud de la legislación que se menciona, el Colegio de Abogados de La Plata se encuentra exento del pago de esa tasa municipal”, precisó el profesional, quien además señaló que la bronca no tardó en expandirse en el ámbito que integra, dado que muchos consideran que es un “atropello al erario de los profesionales de este Departamento Judicial”.
En tal sentido, creen que “estos profesionales del derecho que deben cuidar del dinero de todos los abogados no están capacitados para el puesto”, y en ese punto mencionan a la tesorera Peluso y a la presidenta del Colegio, Marina Mongiardino.
La mencionada Mongiardino, en este caso, no pasa desapercibida: muy por el contrario, es la protagonista de la historia y quizás el eje por el cual se produce el conflicto de intereses con el Municipio, dado que se desempeña desde diciembre de 2023 como Secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata comandada por Julio Alak.
De hecho, siendo funcionaria de Alak encabezó la lista de la agrupación “Abogacía Unida + Abogar” con la que compitió y ganó las elecciones internas del CALP por el período 2024-2028.
Es decir, su llegada a la Secretaría de Justicia no era nueva para el mundo Alak, dado que lo acompañó cuando el jefe comunal era ministro de Justicia y Derechos Humanos de Axel Kicillof. Allí fue directora de Anticorrupción de la Subsecretaría de Transparencia Institucional y Directora de Asuntos Legislativos de la Agencia de Asistencia Técnico-Legislativa.
“Mongiardino es al Municipio lo que Pérsico era al ministerio de Desarrollo Social, o sea, está de los dos lados del mostrador”, graficó la fuente a Capital 24.
La preocupación de sectores internos opuestos a la conducción del CALP se basa en una cuestión que da para pensar: si dicho reclamo “ilegítimo de deuda”, el cual se piensa abonar de manera “totalmente absurda e ilegal”, no es en realidad “un giro encubierto de fondos en blanco para ser utilizados en plena campaña política, dado que este año se llevarán a cabo las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires y especialmente en nuestra ciudad, que elige seis diputados bonaerenses, doce concejales y cinco consejeros escolares.
“Ahí es donde esta ignorancia jurídica e incompetencia de la conducción se transforma en un siniestro plan de vaciamiento de las arcas del Colegio de Abogados de La Plata”, concluyeron las fuentes.
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