Con la misma maniobra que investiga la justicia platense a Rigau y los Albini, un fiscal pidió juzgar a un asesor de la legisladora radical Flavia Delmonte. Ella también debería subir al banquillo. Sus fueros, por ahora, lo impiden.
Región24 de julio de 2025
Con una sórdida trama ilegal de contratos en la Legislatura bonaerense con “retorno”, un fiscal requirió enviar a juicio oral a uno de los asesores de la senadora radical de Cambiemos, Flavia Delmonte, cuyo pedido de desafuero sigue blindado desde hace 15 meses, sin respuesta de la Cámara Alta.
La investigación penal por corrupción en el Senado fue dada por finalizada. Y el fiscal pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público. Allí la principal sospechada es la legisladora Delmonte. Sin embargo, sus fueros impiden procesarla, al menos por ahora.
De modo que la resolución del fiscal apunta entonces a enviar a juicio al principal colaborador de Delmonte, Kevin Alan Razimoff.
Eso será mientras la fiscalía espera que la senadora pierda los fueros al finalizar su mandato en diciembre. Al ritmo que viene el pedido de desafuero en la Legislatura, es más probable que ella finalice primero su mandato.
Blindaje político
El dictamen de elevar la causa a juicio fue resuelta por el fiscal Mario Rafael Pérez. Dispuso que solo se juzgue al colaborador de la senadora, al verificar que la Cámara Alta, precisamente, está controlada por sectores políticos afines a Delmonte. Eso se comprobó en el expediente todas las veces que el Senado se negó una y otra vez a tratar el pedido judicial de desafuero.
Todo lo contrario ocurre con la ventilada causa del puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau y los referentes del massismo, Claudio Albini y su hijo Facundo. Este expediente tuvo un trámite veloz con gran impacto y difusión en los medios y redes sociales.
En el caso de Delmonte, el cuerpo legislativo no solo evitó darle estado parlamentario al requerimiento, sino que tampoco remitió respuestas al juez de Garantías, ni siquiera para rechazar formalmente la solicitud.
De la causa surge además que el fiscal debió enfrentar otras trabas. Sobre todo cuando al inicio de la pesquisa, el Senado rechazó colaborar con los listados de empleados vinculados a Delmonte, los datos de su bloque (Cambiemos), y también los nombres de los integrantes de la comisión que presidía.
La fiscalía advirtió que además el Senado no brindó con fluidez los reglamentos internos e información básica del personal, y “ocultaron deliberadamente datos” en planillas clave sin dejar constancia de quién tomó esa decisión, según se informó ayer.
Incluso el propio fiscal Pérez denunció que esas maniobras “provocaron demoras e irregularidades graves” en la causa que investiga una presunta defraudación contra la administración pública provincial, con el uso de empleados ficticios, prestanombres o “ñoquis” para desviar fondos.
De Rigau a los Albini
En rigor, una maniobra política de corrupción muy similar a la del denominado caso “Chocolate”. El fiscal Pérez fue contundente al acusar al Senado de proteger a Delmonte.
En tanto, el fiscal pidió que sea juzgado el asesor Razimoff. A su vez, pidió el sobreseimiento de otro colaborador de la senadora, Gonzalo Torrijo Fuertes.
Todos estos requerimientos están siendo analizados por el juez de Garantías, Diego Olivera Zapiola, el mismo magistrado que ya había convalidado el pedido de desafuero de la legisladora Delmonte, tal como anticipó en su momento Capital 24.
Rastreo en Gonnet
Para el fiscal, Razimoff “operó desde el Senado el home banking de Tamara Yanina Arce, una exempleada que denunció el esquema de corrupción”. El acceso digital llevaba el nombre de usuario “flaviadelmonte2015” y fue rastreado hasta computadoras en el Senado y en domicilios de Razimoff en la localidad platense de Gonnet y en San Bernardo (Partido de La Costa). Mediante esa cuenta se intentó obtener un préstamo de $252.000, frustrado por los plazos administrativos durante la pandemia.
Asimismo, el fiscal sostuvo que además del caso Arce, habría al menos cinco supuestos empleados más implicados, cuyas cuentas también fueron operadas desde el entorno de la senadora.
Al ser indagados, esos agentes se declararon inocentes.
El pedido de desafuero fue pedido por el juez en febrero del año pasado. Sin desafuero no se puede realizar la imputación a Delmonte. Ella, por su parte, se defendió. Habló de una operación política en su contra. “Yo era la candidata natural de mi espacio para la intendencia del Partido de La Costa. Esta causa penal se armó para sacarme de carrera”, espetó.
Delmonte comenzó su transitar político de la mano de Maximiliano Abad, titular del Comité Provincia de la UCR. Aunque en su distrito se mueve junto a Juan de Jesús, del PJ. En las presidenciales de 2023, apoyó a Javier Milei.
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