El dictamen fue firmado por los jueces del TOC II, Claudio Bernard, Ezequiel Medrano y Carmen Palacios Arias y tiene alcance, además, al resto de los acusados.
Junto al intendente habían sido enviados a juicio su hijo Nicolás Secco, Braian Yoel Taborda, Esteban Gonzalo Spivak, Luis Matías Emanuel Calcagno y Mario César Maza, por los mismos delitos.
Por su parte, el fiscal de juicio Jorge Paolini se opuso al dictado de la prescripción por entender que Secco sigue siendo funcionario público. Tras analizar los pedidos de las defensas los jueces del TOC II determinaron que “ninguna de las conductas” de Mario Secco “se vinculan con el ejercicio de la función pública”.
“Los hechos que se describen en la provisoria imputación del requerimiento fiscal, resultan ajenos al ejercicio de las funciones públicas vinculadas a la titularidad del Poder Ejecutivo Municipal que detenta el nombrado” Secco.
En su voto, el juez Bernard afirmó que “los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública necesaria y lógicamente deben importar conductas llevadas a cabo en el ejercicio abusivo de la función pública; es decir, delitos propios de los funcionarios públicos, vinculados al desempeño de la tarea para la que se encuentran designados, nombrados o electos. Va de suyo, que los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, exigen ser consumados en el particular contexto funcional de la actividad pública propia del sujeto activo”.
Por unanimidad, los jueces del TOC II concluyeron que el ingreso de Secco en la Legislatura no forma parte de su función pública.
En la etapa de instrucción actuaron tres fiscales. El primero fue Juan Cruz Condomí Alcorta, posteriormente recayó en Marcelo Romero, pero fue apartado del expediente cuando estaba a punto de pedir la detención del jefe comunal. Finalmente, quedó en manos de la fiscal Ana Medina, quien solicitó la elevación a juicio que fue avalada por el juez de Garantías, Federico Guillermo Atencio, y confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata.
El 14 de diciembre de 2017, mientras se desarrollaba la sesión en la Legislatura provincial, trabajadores del Banco Provincia marcharon en rechazo a la sanción de la reforma jubilatoria para los empleados de la entidad, que figuraba en el temario de proyectos a tratar. En ese marco, los manifestantes fueron reprimidos por personal policial. Secco, que estaba en la marcha, intentó detener el ataque, juntó cartuchos detonados e ingresó al recinto agitando entre sus manos los proyectiles de posta de goma y gases lacrimógenos disparados contra los trabajadores.
Ese incidente generó la apertura de la causa en 2017. Tras ser imputado, Secco brindó una conferencia de prensa en la que acusó al entonces oficialismo provincial de Juntos por el Cambio de pretender "llevarse puesto a un intendente que ganó con el 60 por ciento de los votos" en las elecciones legislativas de ese año.
Ese día, el intendente de Ensenada insistió en que se trata de "una causa armada" en su contra y que la entonces gobernadora María Eugenia Vidal quería verlo "preso" para "mandarle un mensaje a todos los intendentes peronistas".
"Están tratando de disciplinar a la dirigencia", dijo entonces el jefe comunal, quien reconoció, no obstante, no haber entrado quizás "de una manera correcta" al recinto de sesiones de la Legislatura provincial.
"Es mentira que yo rompí una reja, tal vez no entré de una manera correcta; los diputados me invitaron a entrar a la Legislatura y yo entré rodeado de los legisladores", consignó el intendente.
