El caso merece atención. Porque se activaron todos los mecanismos del proceso judicial para arribar a una condena de prisión efectiva. Una defensa oficial ineficaz, un “juicio abreviado” mal aplicado y el tremendo drama de una persona inocente que termina en la cárcel.
Todo el andamiaje del servicio de justicia, jueces de diversas instancias, fiscalías de instrucción y de juicio para finalmente, arribar un resultado equívoco, a un fallo que “falla”.
Matías Ezequiel Rival, el “condenado” tiene 34 años. Es un soguero artesano de Brandsen. Le dieron una condena de 4 años de prisión por “abigeato agravado” (robo de ganado).
Su hermano le había dado para que lo cuide y críe a un ternero recién nacido que dijo haber encontrado en la calle. Su patrón lo autorizó. El dueño del campo contiguo lo denunció. En la comisaría no le quisieron tomar declaración. La defensora oficial le pidió a Matías que acepte el juicio abreviado porque era la manera de “no ir preso”. Es decir, prefirió eso, antes que defenderse en un debate oral. El hermano, por ejemplo, no fue llamado a declarar.
Finalmente, en el juicio abreviado la fiscal pidió la pena y condena, y la defensora oficial, “aceptó”. El acuerdo fue homologado por una jueza. En este tipo de mecanismos no se discute la culpabilidad o inocencia del imputado y se suele usar para “acortar los tiempos del proceso”, evitando el juicio oral. Matías terminó preso. Hasta allí meses y meses de instrucción. Fojas y fojas de un expediente que tramita en una dinámica robotizada, la del “deber ser”, la del sello y firma, siga y siga.
En el último tramo, Matías contó con la defensa de nuevos abogados. Dos letrados que se dedican a este tipo de casos con violencia e indefensión institucional. Se trata de los letrados Ignacio Fernández Camillo y José Francisco Sánchez Peralta. Interpusieron un hábeas corpus con mucha precisión en sus argumentos. Pidieron, ante la Cámara Penal, revocar la condena por "ilegítima, arbitraria y fruto de un acuerdo viciado".
La defensa afirma que el ternero fue encontrado y no robado y que su asistido no contó con una adecuada defensa técnica. También pidieron la inmediata libertad de Matías.
El caso que se dio a conocer este fin de semana, evidencia la manera en que la justicia aplica mecanismos procesales para “acortar tiempos” pero termina vulnerando garantías constitucionales.
"Me acusan de abigeato por un ternero que me trajo mi hermano. Yo le pedí permiso al dueño del campo. No robé nada -declaró Matías-, si me hubieran dicho que eran 4 años de prisión efectiva, no firmaba".
