El 21 de octubre de 2024 quedó grabado como una de las noches más tensas en la Comisaría 2da de Punta Lara. Un motín de detenidos derivó en incendios, amenazas con armas blancas caseras y un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía.
Policiales22 de octubre de 2025
Por: Juan José Martínez, de la Redacción de Capital.24
A un año de aquel episodio, el Oficial Principal Ángel Barrientos, quien entonces cumplía funciones como segundo jefe de la dependencia, rompió el silencio y cuestionó el accionar judicial que -según denuncia- lo dejó expuesto y sin respaldo institucional.
“Esa noche me encontraba en mi domicilio cuando cerca de la 01:30 me llama la jefa de turno, la Oficial Principal Iraborde, informándome que los detenidos estaban insultando al personal y exigiendo usar los celulares fuera del horario permitido”, relató Barrientos. En la comisaría regía una disposición que autorizaba el uso de teléfonos de 8 a 18 horas, establecida por la titular, la Subcomisaria Adriana Ponce.
Minutos después, la tensión escaló. Los internos comenzaron a prender fuego los colchones y a pasar “facas” por las rejas, amenazando al personal: “Decían que si ingresábamos nos iban a pinchar y que tenían agua hirviendo para quemarnos”.
Ante la gravedad de los hechos, Barrientos solicitó apoyo al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y a los Bomberos Voluntarios de Ensenada, además de avisar a la titular, que se comunicó con los superiores y la fiscalía.
Cerca de las tres de la madrugada, un móvil policial lo trasladó desde su casa en Olmos hasta la dependencia. “Cuando llegué, el GAD ya estaba en el lugar, pero sin autorización para intervenir. La Dirección de Operaciones Especiales, creada durante la gestión de Sergio Berni, concentra el mando sobre el Halcón, UTOI y GAD, y si no dan luz verde, no pueden mover un pelo”, explicó.
Los bomberos sofocaron el incendio, pero el caos continuó. “Los presos gritaban desde adentro ‘se van a querer matar’, mientras pasaban las facas por las rejas. Estaban fuera de sí, totalmente cerrados a una salida pacífica”, recordó el oficial. Finalmente, y ante la falta de autorización externa, Barrientos decidió ingresar con personal del comando para reducirlos y restablecer el orden. “Se nos abalanzaron e intentaron agredirnos, hubo forcejeos y logramos trasladarlos de a uno a otro sector”, detalló.
Durante la inspección posterior, los agentes hallaron armas tumberas, colchones amontonados y objetos improvisados como “monos” (armas caseras de los internos). La calma volvió con el correr de las horas, pero semanas después llegaría el golpe más duro.
“Yo ya no era segundo jefe, estaba de jefe de turno, y la titular me llama para que me presente urgente. Cuando llego, había una comitiva de la Policía Federal, el fiscal de turno y representantes de Derechos Humanos. Nos notificaron que nos iban a secuestrar los celulares: los detenidos nos habían denunciado por torturas y abusos”, contó Barrientos, aún indignado. “Días después, algunos aparecieron golpeados y dijeron que quisimos abusarlos. En este país la justicia ya no es justicia, y los derechos humanos se transformaron en un negocio fortuito para el Estado”.
A un año del hecho, el oficial sostiene que actuaron “en defensa propia y para evitar una tragedia”. Pese a las denuncias y los cuestionamientos, insiste: “Esa madrugada salvamos vidas, incluso las de ellos”.
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