Por: Gabriel Ríos Malan, especial para Capital 24
Para que una máquina de reciclado pueda encenderse en Amiplast, la empresa ubicada en Ensenada, se necesitan al menos ocho toneladas de un mismo material. Sin ese volumen mínimo, los residuos clasificados dejan de ser una solución ambiental y pasan a convertirse en un problema más. Esa ecuación explica por qué los convenios de circularidad firmados en los últimos años se transformaron en un eje estratégico de la compañía y, al mismo tiempo, en un experimento sobre cómo podría funcionar una economía más responsable con el planeta.
“Nosotros pagamos para reciclar. Pagamos la basura para transformarla en materia prima”, explica Eugenia Roig, directora ejecutiva de Amiplast. La paradoja, que reciclar resulte más caro que enterrar residuos, fue el punto de partida para repensar el modelo. “A las empresas les cobran por enterrar sus residuos y a las recicladoras nos cobran por reciclar”, señala.
Ante ese escenario, hace tres años, la empresa comenzó a desarrollar acuerdos con compañías de distintos sectores productivos y educativos bajo un principio central: la responsabilidad extendida del productor. En lugar de desechar residuos industriales o comerciales, las empresas los clasifican en origen, los limpian y los entregan a recicladoras para su transformación en nuevos insumos.
Hoy existen más de veinte convenios activos en distintas regiones del país. Incluyen desde empresas vinculadas a la construcción, como Sanicentro y Corralón Diez y 90, hasta firmas de la industria alimenticia como Molino Campodónico; fabricantes de alimentos balanceados como Crecer; compañías del sector del agua como Hermida Vida; además de instituciones educativas, empresas textiles como Duramas Geo y compañías logísticas y del sector energético. El denominador común no es el rubro, sino la búsqueda simultánea de reducción de costos y responsabilidad ambiental.
El cambio, según Roig, fue gradual. Durante el primer año apenas lograron reunir 14 toneladas de material reciclable. Al año siguiente superaron las 120 toneladas anuales. En 2025 comenzaron a medir el volumen mensualmente y, en 2026, los acuerdos ya aportan alrededor de 10 toneladas mensuales provenientes de distintos productos.
El número, sin embargo, revela tanto un avance cultural como una limitación estructural: la planta tiene capacidad para procesar hasta 1.200 toneladas por mes.
El funcionamiento de los convenios implica un cambio profundo en la lógica empresarial. Las compañías dejan de considerar sus descartes como basura y comienzan a gestionarlos como recursos.
“Si hacés una buena clasificación en origen, se te terminó la basura”, sostiene Roig, quien además remarca que Amiplast es la única recicladora del país certificada como Empresa B.
Uno de los primeros acuerdos fue con empresas del sector de la construcción, donde los residuos plásticos suelen generarse en grandes volúmenes. Con el tiempo, esas compañías reorganizaron sus procesos internos: separan cartón, madera y distintos tipos de plástico antes de enviarlos a reciclado. Bolsas que antes terminaban enterradas ahora regresan al circuito productivo.
El aprendizaje no fue inmediato. Al principio, los residuos llegaban mezclados y en pequeñas cantidades, imposibles de procesar industrialmente. Hoy muchas empresas acopian el material hasta reunir entre una y tres toneladas antes de trasladarlo, lo que reduce costos logísticos y mejora la eficiencia del reciclado.
El proceso posterior es técnico y trazable. lavado, molienda, extrusión y transformación en pellets plásticos que luego se utilizan para fabricar nuevos productos. Amiplast trabaja principalmente con polietileno y polipropileno, dos de los siete tipos principales de plástico existentes, cada uno con requerimientos tecnológicos específicos.
La trazabilidad se convirtió en un elemento clave. Las empresas pueden conocer exactamente qué ocurrió con sus residuos: cuánto material llegó, cómo fue procesado y en qué aplicación industrial terminó. Esa certificación, respaldada por sellos técnicos del INTI, Ecoplas y CAIRPLAS, refuerza el valor ambiental del convenio.
Educación y cultura ambiental
Más allá del volumen, Roig insiste en que el mayor impacto de los acuerdos es cultural. Argentina, afirma, todavía enfrenta un déficit de educación ambiental que limita el crecimiento del reciclado.
“Nosotros no somos el basurero del plástico”, señala y afirma que “necesitamos que el material llegue limpio. Si no, no es reciclaje”.
Los convenios se extendieron también hacia instituciones educativas, donde la clasificación en origen funciona como una herramienta pedagógica. Escuelas de la región comenzaron a separar residuos y comprender el recorrido posterior del material, conectando hábitos cotidianos con procesos industriales reales.
Para Roig, la educación es el primer paso para modificar comportamientos productivos y sociales. La concientización, dice, explica por qué ahora son las propias empresas las que buscan firmar acuerdos, en lugar de ser convocadas por la recicladora.
Pese al crecimiento de los convenios, la situación económica del sector sigue siendo crítica. La falta de legislación específica aparece como el principal obstáculo para consolidar la actividad.
Sin incentivos ni obligaciones regulatorias, el plástico reciclado compite en desventaja con el plástico virgen, cuyo precio suele ser igual o incluso menor debido a economías de escala globales vinculadas a la industria petroquímica.
“A falta de leyes, esto depende del privado que quiere hacer un aporte ambiental”, advierte Roig. “Sin legislación, no hay margen”, sintetiza.
Las recicladoras pagan impuestos y costos energéticos similares a los de industrias altamente contaminantes, pese a que su actividad reduce el impacto ambiental. Una solución podría ser a través de beneficios fiscales y reducciones de tasas para empresas que gestionen responsablemente sus residuos o utilicen materiales reciclados.
En países donde existen regulaciones vinculadas a este sector, explica, se exige que entre el 15% y el 30% de los productos contenga material reciclado. Esa obligación genera demanda estable y permite sostener económicamente la actividad.
En Argentina, en cambio, la demanda fluctúa según el precio internacional del plástico virgen. Cuando sube, las industrias recurren al reciclado; cuando baja, lo abandonan.
El resultado es una actividad con alta conciencia ambiental pero baja previsibilidad económica.
El cierre reciente de recicladoras en el país y en el exterior evidencia la fragilidad del sector. En los últimos años, miles de plantas dejaron de operar en el mundo por falta de rentabilidad. En Argentina, la situación se agravó entre 2024 y 2025, cuando muchas empresas vendieron por debajo de sus costos para sobrevivir.
Aun así, Roig insiste en que los convenios representan una señal de cambio.
“No resuelven todo hoy, pero muestran que hay futuro”, dice. “Vamos sumando toneladas año a año. Hay más conciencia. Las empresas ya no esperan que las llamemos: ahora llaman ellas”.
El desafío, sostiene, excede a las empresas recicladoras. Mantener abierta una planta ya no depende únicamente de decisiones empresariales sino de una responsabilidad colectiva.
“Salvar el planeta depende de nosotros, no del planeta”, afirma. “Hoy es ganar todos o no gana nadie”.
En ese equilibrio entre economía, educación y legislación se juega el destino de una industria que intenta transformar residuos en recursos y acuerdos voluntarios en políticas permanentes. Mientras tanto, cada convenio firmado suma algunas toneladas más a una transición que todavía avanza más por convicción que por obligación.
