Tiempo que pasa, verdad que huye, reza el antiguo apotegma tribunalicio. A más de diez años de la muerte de Emilia Uscamayta Curi en una fiesta clandestina en La Plata, el expediente judicial suma un nuevo giro.
La Cámara Penal de nuestra ciudad habilitó la intervención del Tribunal de Casación bonaerense para revisar la prescripción que había beneficiado al excomisario Daniel Piqué, mientras que, en paralelo, la familia de la joven intensificó su reclamo para que el empresario Santiago Piedrabuena cumpla una pena efectiva mediante la unificación de sus condenas.
El avance marca otro capítulo en una causa extensa, atravesada —según la querella— por demoras, trabas formales y decisiones que limitaron la participación de las víctimas. Uno de los ejes centrales ahora es la situación de Piqué, exfuncionario municipal, quien había quedado fuera del proceso sin llegar a juicio tras el dictado de la prescripción.
La Sala IV de la Cámara Penal de La Plata hizo lugar al recurso presentado por los abogados de la familia, lo que permitirá a Casación analizar si esa decisión fue correctamente aplicada. Para los acusadores, no se trata solo de una cuestión técnica, sino de establecer si el Estado garantizó el derecho a investigar posibles responsabilidades en la habilitación y control del evento donde murió Emilia.
Desde la querella sostienen que el cierre de la causa fue prematuro y no contempló factores como las reiteradas excusaciones de fiscales y las demoras estructurales del proceso. En ese marco, consideran que la revisión puede convertirse en un precedente relevante frente a situaciones de impunidad.
En paralelo, el foco también está puesto en la situación de Piedrabuena, uno de los condenados por el hecho. La familia denunció que existe una “omisión grave”: el empresario tenía una condena previa de cuatro años de prisión efectiva por portación de arma de guerra que no fue considerada al momento de dictar la sentencia por la muerte de Emilia, en la que recibió tres años de ejecución condicional.
Ese punto es clave en el planteo actual. La querella exige la unificación de ambas condenas, lo que podría modificar su situación procesal y derivar en una detención efectiva. Además, advierten que la falta de integración de las penas impidió a la familia intervenir en decisiones relevantes, como el otorgamiento de beneficios.
En un escrito presentado por el padre de la víctima, también se cuestiona el funcionamiento del sistema judicial. Los abogados denunciaron que el rechazo de recursos por cuestiones formales —como supuestas presentaciones fuera de término— limita el acceso a la justicia y favorece a los imputados. En esa línea, invocaron estándares internacionales que garantizan la participación activa de las víctimas en los procesos penales.
La muerte de Emilia ocurrió el 1° de enero de 2016, en una quinta de Melchor Romero donde se realizaba una fiesta sin habilitación ni medidas de seguridad. La joven se ahogó en una pileta que no contaba con controles ni personal adecuado.
Aunque el juicio oral concluyó con condenas para los organizadores, la familia siempre sostuvo que las responsabilidades iban más allá e incluían a funcionarios encargados de controlar este tipo de eventos.
Ahora, con la intervención de Casación y el reclamo por la unificación de penas, el caso entra en una etapa decisiva. Para la familia Uscamayta Curi, el objetivo sigue siendo el mismo: que se revisen todas las decisiones cuestionadas y que las condenas se cumplan de manera efectiva.
