La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó que la entidad deberá devolver $772.000 y US$22.000 sustraídos de las cuentas de la mujer, además de abonarle $10 millones en concepto de daños.
El caso se remonta a 2022, cuando la víctima —una mujer de 69 años con esclerosis múltiple— fue engañada mediante un sofisticado ardid. Todo comenzó al intentar gestionar la cancelación de una hipoteca: tras completar formularios online, recibió un mensaje desde una supuesta cuenta oficial del banco, seguido de una llamada telefónica que reforzó la maniobra.
Sin señales evidentes de fraude, los delincuentes lograron ganarse su confianza y obtener sus claves de acceso. En cuestión de minutos, vaciaron sus cuentas en pesos y dólares. Aunque la mujer logró bloquear el acceso poco después, el dinero ya había sido transferido.
La sentencia de primera instancia había señalado fallas en el sistema de seguridad del banco, criterio que ahora fue respaldado por la Cámara. Los jueces remarcaron que las entidades financieras tienen la responsabilidad de garantizar mecanismos eficaces de protección y no pueden trasladar el peso del fraude exclusivamente a los clientes.
En el fallo, se destacó además la situación de vulnerabilidad de la víctima y el impacto que el hecho tuvo en su vida. El tribunal consideró que el daño excedió lo económico, al afectar su estabilidad emocional y su capacidad de afrontar gastos médicos.
El banco había apelado la decisión inicial, argumentando que la responsabilidad recaía en la clienta por haber brindado sus datos. Sin embargo, la Cámara desestimó esa postura y sostuvo que el fraude ocurrió dentro de un sistema bajo control de la propia entidad.
El caso se suma a una serie de fallos que ponen bajo la lupa la seguridad bancaria frente al crecimiento de las estafas digitales y refuerza un criterio: las entidades deben responder cuando sus sistemas no logran prevenir este tipo de delitos.
