La medida fue dictada por el Juzgado Federal N°1, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y alcanza también a otros cuatro directivos y a diversas firmas vinculadas a la distribuidora Quilmes Tolosa S.A., una empresa con fuerte presencia en el mercado de bebidas en La Plata, Berisso y Ensenada.
Según la resolución, el perjuicio al fisco asciende a $3.965 millones, producto de maniobras que se habrían extendido durante varios años. La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal N°1 encabezada por María Laura Roteta, se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA, que detectó irregularidades en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024, además de un sostenido proceso de vaciamiento patrimonial.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados habrían implementado un esquema basado en la utilización de sociedades interpuestas, la omisión de registrar operaciones y la transferencia de activos hacia otras empresas del mismo grupo. Estas maniobras habrían tenido como objetivo reducir la carga tributaria y dificultar el control estatal.
En ese contexto, los investigadores identificaron circuitos de ventas no declaradas, desvío de flujos financieros y movimientos patrimoniales que contribuyeron a generar o profundizar la insolvencia de la firma principal.
Durante los allanamientos realizados en domicilios y sedes comerciales, personal de la Policía Federal secuestró documentación contable y dinero en efectivo. En las tareas también intervinieron áreas especializadas en delitos económicos y recuperación de activos.
Como parte de las medidas, el juzgado ratificó embargos sobre más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias, con el objetivo de asegurar el recupero de los fondos presuntamente evadidos.
La causa no queda alcanzada por la ley de Inocencia Fiscal, sancionada en 2025, ya que los montos investigados superan ampliamente los límites previstos por esa normativa.
El expediente, además, tiene antecedentes: en 2014, la firma ya había sido allanada en una investigación por evasión en la que se detectaron operaciones no declaradas por más de $30 millones, lo que habría generado un perjuicio fiscal superior a los $16 millones. Aquella pesquisa ya había advertido irregularidades en la registración de sus operaciones comerciales.
