El episodio, ocurrido el 15 de febrero en las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo, sigue generando interrogantes tanto por su gravedad como por el contexto en el que se produjo.
El hecho tuvo lugar cuando el plantel albirrojo ingresaba al Bosque, ya dentro del anillo de seguridad dispuesto para el partido. En ese momento, un objeto contundente impactó contra el colectivo y rompió uno de sus vidrios. Según trascendió, al menos una persona habría resultado lesionada, lo que incrementó la preocupación en el club.
La investigación quedó a cargo de la UFIJ N°12, especializada en violencia en espectáculos deportivos, bajo la órbita del fiscal Fernando Padován. Sin embargo, con el paso de las semanas, el expediente no logró determinar quién fue el autor de la agresión, pese a tratarse de un sector que debía estar bajo estricta vigilancia.
El operativo de seguridad había sido presentado como uno de los más importantes del calendario local, con presencia policial, controles de acceso, monitoreo por cámaras y utilización de tecnología aérea. En ese marco, el ataque dentro de la zona custodiada plantea dudas sobre la eficacia de los controles.
Desde Estudiantes cuestionan la falta de avances y aseguran que no recibieron información concreta sobre medidas clave, como el análisis de cámaras de seguridad o registros del monitoreo urbano. En el club sostienen que la investigación no arrojó resultados verificables hasta el momento.
Por su parte, fuentes judiciales señalaron que el expediente se vio limitado desde el inicio por la ausencia de una denuncia formal o un sumario policial. También indicaron que no hubo una comunicación directa por parte de la institución tras el hecho. No obstante, afirmaron que se solicitaron imágenes al Centro Operativo de Monitoreo, aunque sin resultados positivos.
Además, explicaron que las posibles lesiones derivadas del episodio son de instancia privada, lo que requiere la intervención directa de las víctimas para impulsar la acción penal.
El caso se convirtió en un ejemplo de las dificultades para investigar hechos de violencia en el fútbol, incluso en contextos de alta seguridad. A dos meses del ataque, no hay imputados ni certezas sobre lo ocurrido, en un expediente que sigue sin respuestas concretas.
