La decisión se conoció tras varias semanas de audiencias y luego de que la jueza técnica Cecilia Sanucci impartiera las instrucciones finales al jurado, que debió analizar pruebas, testimonios y pericias presentadas durante el debate oral.
En el banquillo de los acusados se encontraban Juan José Fernández, Lucas Vizgarra, Cecilia Ballerini, Rodolfo Morales, Carlos Remusio, Carina Ponce y Jorge Rodríguez, quienes enfrentaban cargos por vejaciones agravadas, torturas, apremios ilegales, abuso sexual, coacción y hurto agravado, entre otros delitos vinculados a su desempeño como efectivos policiales.
El caso investigaba hechos ocurridos entre 2015 y 2016 en una subcomisaría de Domselaar, en el partido bonaerense de San Vicente. Según la acusación, en ese período se habría desplegado un patrón sistemático de abusos contra personas detenidas.
La investigación original, encabezada por la fiscal Virginia Bravo, había reconstruido una serie de episodios que incluían golpizas, amenazas, humillaciones, privación de alimentos y restricciones arbitrarias, así como denuncias de violencia sexual contra mujeres privadas de la libertad.
Entre los hechos más graves señalados durante el proceso se mencionaron el uso de picana eléctrica, desnudez forzada y otras prácticas degradantes dentro de los calabozos, además de presunto consumo de alcohol y estupefacientes por parte de los efectivos.
Durante el juicio, el bloque acusador —integrado por el fiscal Juan Pablo Caniggia y los abogados María Luz Santos Morón y Pedro Auzmendi— intentó sostener estas imputaciones a partir de distintos elementos probatorios.
Sin embargo, tras la deliberación, el jurado popular resolvió la no culpabilidad de todos los imputados, poniendo fin a un proceso que había generado expectativa tanto en el ámbito judicial como en organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
