El expediente describe un sistema de control interno basado en la recaudación ilegal, la coerción y la diversificación de actividades ilícitas, con un pabellón entero bajo dominio de un grupo de internos.
La causa está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFIJ N°7, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, y se inició a partir de una denuncia presentada por detenidos del pabellón 16B, un sector que aloja a internos con antecedentes en fuerzas de seguridad. El escrito, de alto nivel de detalle, reconstruye una estructura jerárquica con roles definidos y un esquema sostenido de ingresos económicos.
En el centro de la maniobra aparece un interno apodado “El Tano”, señalado como el presunto jefe de la organización. Según la acusación, ejercía el control económico, disciplinario y operativo del pabellón, imponiendo reglas y administrando distintos circuitos de recaudación.
Entre las actividades detectadas figura la comercialización de alimentos elaborados dentro del penal, con una infraestructura montada para ese fin: heladeras, freezers y espacios comunes acondicionados como cocina. La operatoria incluía la venta diaria de productos como pizzas, sándwiches, pastas y productos de panadería, con precios fijados y una clientela que trascendía el propio pabellón.
El esquema también abarcaba otros servicios pagos, como peluquería y uso de instalaciones, además de la venta de cigarrillos y mercadería en volumen. La producción, de acuerdo a la denuncia, se realizaba con insumos obtenidos de distintos sectores de la unidad, lo que abre sospechas sobre una posible connivencia interna.
Pero el funcionamiento del sistema no se limitaba a lo económico. La denuncia describe un régimen de control basado en la coerción: cada interno debía abonar una cuota mensual para permanecer en el pabellón. El incumplimiento derivaba en sanciones que iban desde agresiones físicas hasta traslados forzados a sectores más conflictivos.
El expediente también documenta episodios de violencia, amenazas y castigos, además de situaciones que podrían encuadrarse como explotación, con detenidos obligados a realizar tareas sin remuneración ni descanso. Algunos casos incluyeron internaciones médicas y traslados compulsivos.
A su vez, la investigación avanza sobre delitos de mayor complejidad. Por un lado, se analiza la presunta comercialización de estupefacientes dentro del pabellón. Por otro, se detectó un sistema destinado a estafas virtuales: routers WiFi, teléfonos no registrados y conexiones distribuidas habrían permitido montar una estructura similar a un call center delictivo.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la posible participación o tolerancia de sectores del Servicio Penitenciario Bonaerense. La denuncia menciona áreas clave que habrían facilitado el ingreso de mercadería, evitado controles o recibido beneficios a cambio.
El caso incluye además a internos con antecedentes en causas de alto impacto, lo que refuerza la hipótesis de una organización con capacidad operativa y conexiones externas.
Con registros de pagos, movimientos de dinero y uso de billeteras virtuales incorporados a la causa, la fiscalía busca determinar el alcance real de la red y las responsabilidades individuales. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones en un expediente que podría escalar por su gravedad institucional.
