La causa que sacudió a Ensenada, Berisso y La Plata entró en una etapa decisiva. Antonella Rocha, señalada como la principal responsable de una presunta estafa piramidal que movilizó millones de pesos, busca ahora evitar el juicio oral mediante acuerdos económicos con parte de los damnificados.
El expediente ya fue elevado a juicio y quedó radicado en la Justicia Correccional platense. Sin embargo, la defensa de la joven, conocida popularmente como “la Cositorto de Ensenada”, trabaja contrarreloj para alcanzar una solución alternativa que permita cerrar el proceso antes de que se inicie el debate público.
Rocha comparte el banquillo de los acusados con Alex Nicolás Romero, Yanina Magalí Romero y Solange Calderón. Todos enfrentan cargos por estafas reiteradas e intermediación financiera no autorizada, en el marco de una investigación que reconstruyó una supuesta estructura destinada a captar dinero mediante promesas de ganancias extraordinarias.
El abogado defensor Germán Tocci aseguró que más del 80 por ciento de los inversores habrían recuperado los fondos que permanecían bloqueados tras la intervención de Mercado Pago. Según explicó, una gran cantidad de usuarios recibió reintegros luego de que la plataforma detectara movimientos sospechosos en las cuentas vinculadas al caso.
La estrategia defensiva apunta ahora a identificar a quienes realizaron transferencias comprobables y no recuperaron el dinero por ninguna otra vía. “La intención es devolver los fondos a quienes efectivamente acrediten haber transferido dinero y aún no hayan sido resarcidos”, sostuvo el letrado.
Tocci también cuestionó parte de los reclamos incorporados al expediente. Señaló que numerosos denunciantes aseguran haber entregado efectivo sin contar con documentación respaldatoria. “Hay personas que presentan como prueba la foto de un sobre. Eso no acredita qué había dentro”, afirmó.
La investigación impulsada por el fiscal Martín Almirón sostiene que entre septiembre y noviembre de 2023 los acusados promovieron un esquema de captación de fondos que prometía retornos cercanos al 100 por ciento en apenas una semana. Las ofertas se difundían principalmente a través de redes sociales y despertaron el interés de decenas de vecinos de la región.
Según la acusación, el sistema funcionó inicialmente porque algunos participantes cobraron las ganancias prometidas. Para los investigadores, esos pagos no provenían de inversiones reales, sino de los aportes realizados por nuevos integrantes, una mecánica compatible con los denominados esquemas Ponzi o piramidales.
Cuando el flujo de dinero comenzó a agotarse, aparecieron las demoras, los incumplimientos y finalmente las denuncias. La fiscalía estimó un perjuicio superior a los 19 millones de pesos, aunque aclaró que la cifra surge únicamente de los casos formalmente incorporados a la causa. El beneficio económico obtenido por la maniobra, según la investigación, habría superado los 53 millones de pesos.
La denuncia que puso en marcha la investigación fue presentada por el funcionario municipal de Ensenada, Martín Slobodian, quien comenzó a recibir testimonios de vecinos que hablaban de una joven capaz de duplicar inversiones en cuestión de días. Tras seguir de cerca la operatoria y detectar las primeras señales de alarma, decidió acudir a la Justicia.
El escándalo alcanzó su punto máximo cuando cientos de inversores dejaron de cobrar. La bronca acumulada derivó en una pueblada frente a la vivienda de Rocha. La propiedad fue saqueada, vandalizada e incendiada en una jornada de extrema tensión que obligó a una fuerte intervención policial. Los ataques también alcanzaron inmuebles y comercios vinculados a familiares de la acusada.
Mientras tanto, los hermanos Romero sostienen que nunca participaron de una maniobra fraudulenta y afirman que únicamente facilitaron cuentas de Mercado Pago porque Rocha tenía dificultades para operar. Pese a sus descargos, la fiscalía entendió que existen elementos suficientes para mantenerlos dentro de la acusación.
Ahora la decisión está en manos de la Justicia. El futuro de la causa dependerá de si prosperan los acuerdos que impulsa la defensa o si finalmente los cuatro acusados deberán enfrentar un juicio oral que promete volver a poner bajo la lupa uno de los casos judiciales más impactantes de los últimos años en la región.
