El Gobierno Nacional envió un proyecto a la Cámara de Diputados que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías, y solo los mantiene en la Patagonia, Malargüe, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados.
La iniciativa busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.
Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarla en aquellas zonas que sufren frio extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos).
"El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.
Otro punto clave que se pagará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa y se pagará a distribuidoras y sub distribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago.
El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.
Por otro lado, la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025, se prorroga hasta 2045 y se derogan los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022.
En ese sentido, el Gobierno justificó esa medida de beneficios impositiva ya que “la expansión del uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica genera efectos altamente favorables para el país, a los fines de asegurar los beneficios de una oferta energética más limpia y sostenible para el conjunto de la población”.
Agregó que “se estima necesario que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la Ley N° 26.190 continúen libres de gravamen en los términos del artículo 17 de la Ley N° 27.191”.
Los servicios por las nubes
La motosierra caracterizó los primeros dos años de gestión de Javier Milei al frente de la Casa Rosada y todo indica que este 2026 seguirá por el mismo sendero. El ajuste recayó principalmente sobre la clase media y los sectores más postergados de la sociedad mientras se aliviaron tributos que pagaban los más ricos del país como los impuestos a los bienes personales o a los bienes de lujo como yates y autos de alta gama.
En ese camino el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet advirtió que los subsidios económicos destinados a los servicios públicos de agua, energía y transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual, mientras que, en paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594% (esto es, casi se septuplicaron) entre diciembre de 2023 y enero de 2026.
De hecho este 2026 Milei puso fin a la segmentación de los subsidios de modo de dejar en pie apenas dos categorías: con subsidios y sin subsidios. De esta manera miles de hogares de clase media pasarán a pagar sin atenuantes la tarifa plena al igual que los hogares más ricos del país. Un fuerte golpe al bolsillo de los trabajadores.
De acuerdo con el relevamiento del IIEP, los principales subsidios económicos a los sectores de agua, energía y transporte presentaron en 2025 una reducción nominal del 12% acumulado a diciembre. Al ajustar esos montos por inflación, la caída real fue del 39% interanual.
“El recorte real de los subsidios se explica por una reducción real en transporte del 23% interanual y en energía del 43% interanual”, detalla el informe. En el caso del sector energético, los subsidios representaron el 71% del total acumulado y se redujeron 18% en términos nominales, lo que implica una caída real del 43%.
Durante todo 2025, los subsidios nominales alcanzaron los 7,29 billones de pesos, que medidos en moneda constante de enero de 2026 suman 8,1 billones de pesos. Según el IIEP, ese nivel “implica una reducción del 39% respecto a igual período del año anterior”.
El estudio agrega que, bajo una medición de doce meses corridos, los subsidios reales a agua, energía y transporte “son 62% menores a los observados en diciembre de 2023 y 75% inferiores respecto del pico registrado a mediados de 2022”.
Tarifas en alza
El ajuste en los subsidios estuvo acompañado por una fuerte recomposición de tarifas. Según el informe, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 594%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 194% en el mismo período.
En enero de 2026, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó 192.665 pesos mensuales para cubrir energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público. Ese gasto fue 5% superior al de diciembre de 2025 y 33% mayor al registrado en enero del año pasado.
En términos interanuales, el mayor incremento se observó en el gasto en transporte, con una suba del 52% respecto de enero de 2025. El gasto en agua aumentó 16%, el de energía eléctrica 21% y el de gas natural 29%.
El IIEP también analizó el impacto de las tarifas sobre los ingresos de los hogares. En enero de 2026, la canasta de servicios públicos representó el 11,3% del salario promedio registrado estimado, que se ubicó en 1.669.156 pesos.
“El peso del gasto en transporte sobre el salario representa el 43% del total destinado a servicios públicos y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios”, indica el informe.
En comparación interanual, el peso de la canasta sobre el salario se redujo levemente, ya que en enero de 2025 representaba el 11,7%. Según el IIEP, con un salario promedio registrado alcanza para adquirir 8,8 canastas de servicios públicos, frente a las 8,5 de un año atrás.
