La imagen pública de Manuel Adorni atraviesa semanas incómodas. Mientras el Gobierno intenta contener el desgaste político y las preguntas sobre su patrimonio, la Justicia empezó a correr el foco hacia un actor hasta ahora menos expuesto: Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete y titular de la consultora +BE.
El juez federal Ariel Lijo les pidió a tres empresas que entreguen facturas, contratos y otros documentos relacionados con la consultora de Angeletti. La Justicia busca saber si la empresa recibió algún beneficio económico a través de negocios con firmas vinculadas al Estado nacional.
La ruta de los contratos
La investigación apunta al Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group. Son empresas que tienen negocios con organismos del Estado o vínculos cercanos con el oficialismo.
La Justicia quiere saber si la consultora +BE, de la esposa de Adorni, consiguió contratos de forma irregular o si recibió algún beneficio por su cercanía con el poder.
Esta causa además se cruza con otra investigación contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Allí se analiza la compra de propiedades y un nivel de gastos en dólares que, según la denuncia, sería mayor al que podría justificar con los ingresos que declaró como funcionario.
Uno de los focos está puesto sobre el Grupo Datco, proveedor tecnológico de organismos estatales como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. La Justicia intenta determinar si hubo coincidencias entre contratos públicos y servicios prestados a la empresa de Angeletti.
El caso de National Shipping también despierta interés. La naviera es una de las principales proveedoras de YPF en transporte de hidrocarburos, una empresa donde Adorni ocupa un cargo como director titular.
A eso se suma Foggia Group, conducida por Mara Gorini, dirigente cercana a Karina Milei. La firma estuvo detrás de varios de los eventos libertarios más visibles: desde el Luna Park y el Movistar Arena hasta los encuentros de La Derecha Fest.
La investigación nació tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. En el expediente se menciona un posible esquema de relaciones comerciales que podría haber funcionado como mecanismo de retorno de fondos públicos.
Con pedidos de documentación ya en marcha y la posibilidad de una citación a indagatoria sobre la mesa, el caso Adorni empieza a sumar un problema que el Gobierno no logra desactivar: las preguntas sobre la plata.
