La convocatoria estuvo atravesada por la conmoción por recientes femicidios, las estadísticas que siguen mostrando niveles alarmantes de violencia de género y las críticas a un Gobierno que relativiza la figura del femicidio.
La Plaza del Congreso volvió a teñirse de violeta. Once años después de aquella primera movilización que cambió para siempre la discusión pública sobre la violencia de género en Argentina, una multitud volvió a ocupar las calles para reclamar lo mismo que entonces: que las mujeres puedan vivir libres, sin miedo y sin violencia. La convocatoria fue masiva y estuvo atravesada por una mezcla de dolor, memoria y preocupación frente a una realidad que, pese a los avances sociales y culturales conquistados durante la última década, continúa dejando cifras alarmantes.
La movilización se produjo en un contexto especialmente sensible. Durante las últimas semanas, distintos casos de femicidios volvieron a conmocionar al país y pusieron nuevamente en primer plano una problemática que sigue atravesando a todas las clases sociales, edades y territorios. Entre ellos, el asesinato de la adolescente cordobesa Agostina Vega se convirtió en uno de los casos que más impacto generó y que sobrevoló gran parte de la jornada.
Desde temprano comenzaron a llegar columnas de organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y familias enteras. Pero también hubo miles de personas que se acercaron por cuenta propia, sin banderas partidarias ni pertenencia organizativa, impulsadas por una preocupación que excede cualquier estructura política.
Las calles que rodean al Congreso se transformaron en una gran intervención colectiva. Fotografías de víctimas de femicidio, carteles con pedidos de justicia y mensajes escritos a mano construyeron un recorrido emocional imposible de ignorar. Cada imagen tenía detrás una historia interrumpida. Cada nombre recordaba una ausencia.
Las cifras detrás de la bronca
La masividad de la convocatoria encontró sustento en una realidad que continúa golpeando. Según los últimos datos oficiales difundidos por la Corte Suprema de Justicia, durante 2025 se registraron 200 femicidios en Argentina. Aunque la cifra mostró una disminución respecto al año anterior, los números siguen ubicándose en niveles elevados y reflejan una problemática estructural que no logró ser erradicada.
Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la violencia machista sostienen además que los registros oficiales muchas veces no alcanzan a reflejar toda la complejidad del fenómeno. Por eso, durante la movilización se repitió una idea que atravesó gran parte de los discursos y conversaciones: detrás de cada estadística hay una vida truncada, una familia atravesada por el dolor y una comunidad que carga con esa pérdida.
El reclamo también estuvo vinculado al debate político actual. Diversos sectores cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de reducir programas específicos vinculados a políticas de género y expresaron preocupación por discursos oficiales que relativizan la figura del femicidio como categoría penal diferenciada.
Sin caer en consignas partidarias excluyentes, buena parte de la movilización planteó que la discusión sobre la violencia contra las mujeres no puede quedar reducida a una disputa ideológica. Para quienes participaron, se trata de una problemática concreta que requiere herramientas institucionales, políticas públicas sostenidas y un compromiso social amplio.
Una lucha que sigue construyéndose en comunidad
A diferencia de otros momentos de fuerte polarización política, la jornada mostró una composición diversa. Hubo jóvenes que participaron por primera vez, mujeres que marchan desde 2015, madres acompañadas por sus hijos, trabajadoras, jubiladas y estudiantes. Muchas coincidían en algo: la necesidad de sostener espacios colectivos que permitan seguir visibilizando una violencia que todavía persiste.
La marcha también funcionó como una demostración de memoria. Once años después de aquel primer grito colectivo que sacudió a la Argentina, la consigna Ni Una Menos volvió a reunir generaciones distintas bajo una misma preocupación. No porque todo siga igual, sino porque todavía queda mucho por transformar.
Cuando la tarde empezó a caer sobre el Congreso, la plaza seguía colmada. Miles de personas permanecieron allí escuchando documentos, compartiendo historias y acompañando los nombres de quienes ya no están. La escena dejó una certeza difícil de discutir: más allá de los cambios políticos, las diferencias partidarias o las coyunturas económicas, existe una parte importante de la sociedad que sigue considerando que la violencia contra las mujeres no puede naturalizarse.
Y quizás esa haya sido la imagen más potente de la jornada. No solamente una multitud ocupando el espacio público, sino una comunidad recordando que detrás de cada nombre hay una vida que merecía seguir siendo vivida. Porque el reclamo nació hace once años, pero todavía encuentra razones para volver a las calles.
