La escena se repite en barrios del Conurbano, en ciudades del interior bonaerense y en los grandes centros urbanos del país. Jubilados que vuelven a trabajar después de los 70 años, personas mayores que reducen dosis de medicamentos para que duren más tiempo, adultos que dependen de la ayuda de hijos, vecinos o comedores comunitarios para completar la mesa. Detrás de esas historias aparece un dato que explica buena parte del problema: los haberes mínimos actuales cubren apenas entre el 25% y el 30% de lo que necesita un jubilado para sostener una vida digna cuando se incorporan gastos básicos como vivienda, alimentación y salud.
La situación afecta a más de cuatro millones de jubilados y pensionados que perciben ingresos cercanos a los $470.000 mensuales. El problema ya no pasa solamente por cuánto perdió una jubilación frente a la inflación. La discusión es mucho más concreta: cuánto alcanza para vivir.
En los últimos años, la pobreza en la tercera edad dejó de expresarse únicamente en números estadísticos para convertirse en una realidad visible en las calles. Cada vez son más frecuentes los adultos mayores que realizan trabajos informales, venden productos, hacen changas o continúan activos en actividades para complementar ingresos que ya no alcanzan para cubrir gastos esenciales.
La cuenta que no cierra: remedios, alquiler y expensas
La vivienda se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre los ingresos. Para quienes alquilan una habitación en pensiones o residencias económicas de grandes ciudades, el costo mensual puede rondar los $250.000. Es decir, más de la mitad de una jubilación mínima.
Pero tampoco la situación es sencilla para quienes lograron acceder a una vivienda propia. Las expensas, los servicios y el mantenimiento de los inmuebles representan una carga cada vez más difícil de sostener. En muchos edificios del Área Metropolitana de Buenos Aires, esos gastos ya se ubican entre los $250.000 y los $300.000 mensuales.
La salud aparece como el otro gran frente de preocupación. Según especialistas que trabajan diariamente con personas mayores, una de las consultas más frecuentes está vinculada a la imposibilidad de comprar medicamentos. Incluso con descuentos o coberturas parciales, muchos tratamientos comienzan a interrumpirse.
La estrategia de supervivencia suele ser silenciosa: tomar una dosis en lugar de dos, espaciar tomas o directamente abandonar medicamentos que no generan síntomas inmediatos. Allí aparece uno de los mayores riesgos. Enfermedades como la hipertensión pueden avanzar sin señales visibles hasta desembocar en cuadros graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.
A ese escenario se suman las dificultades para acceder a diagnósticos y tratamientos. Los tiempos de espera entre consultas médicas, derivaciones y estudios suelen extenderse durante meses, provocando que muchas patologías lleguen a instancias más complejas antes de recibir atención adecuada.
El cuadro se vuelve aún más delicado cuando se observa la situación social de quienes envejecen en soledad. Según estimaciones difundidas por especialistas en gerontología y asistencia social, cerca de dos millones de jubilados carecen de una red familiar o comunitaria que los acompañe. En esos casos, la fragilidad económica se combina con aislamiento, problemas de salud y dificultades habitacionales.
Mientras tanto, la discusión previsional parece haber perdido centralidad en el debate público. Oficialismo y oposición suelen concentrar sus disputas en variables macroeconómicas, estrategias electorales o tensiones políticas coyunturales, mientras millones de personas mayores enfrentan problemas mucho más elementales: cómo pagar un medicamento, cómo sostener un alquiler o cómo llegar a fin de mes.
