La crisis de la vivienda dejó hace tiempo de ser un problema exclusivo de quienes no pueden acceder a una casa propia. Hoy también golpea a familias que viven en construcciones precarias, conviven con el hacinamiento o carecen de servicios básicos como agua segura y saneamiento. Detrás de las estadísticas aparece una realidad que atraviesa con fuerza a los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, donde las carencias se multiplican y las respuestas públicas se reducen.
Un relevamiento del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) advirtió que el 48,1% de los hogares argentinos registra algún tipo de déficit habitacional. En otras palabras, uno de cada dos hogares enfrenta dificultades vinculadas con la calidad de la vivienda, la infraestructura o el acceso a servicios esenciales. Pero el panorama se vuelve todavía más crítico cuando la lupa se posa sobre los asentamientos y barrios populares: allí el déficit alcanza al 96,9% de las familias.
Una realidad que se profundiza en los barrios populares
El informe muestra que el problema ya no pasa únicamente por construir nuevas viviendas. La principal deuda está relacionada con mejorar las condiciones de las que ya existen. Cerca de cuatro de cada diez hogares del país presentan déficits cualitativos vinculados con materiales deteriorados, hacinamiento, cohabitación o falta de servicios básicos. La calidad deficiente de pisos, paredes y techos afecta aproximadamente a uno de cada tres hogares argentinos.
En los barrios populares la situación adquiere otra dimensión. Casi ocho de cada diez familias presentan problemas habitacionales de carácter cualitativo y cerca de dos de cada diez viven en construcciones cuya materialidad resulta prácticamente irrecuperable. Además, el 47,9% acumula más de una carencia simultánea, reflejando un escenario donde los problemas se superponen.
Los datos sobre infraestructura son igual de preocupantes. El 83,5% de los hogares accede al agua de manera inadecuada y el 70,7% no dispone de sistemas adecuados para la eliminación de excretas. Son condiciones que impactan directamente sobre la salud, especialmente de niños, personas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.
Para quienes recorren diariamente el Conurbano bonaerense, estas cifras tienen rostro. Son calles que todavía esperan redes de agua, familias que improvisan conexiones, viviendas levantadas con esfuerzo durante años y barrios que crecieron más rápido que la infraestructura necesaria para sostenerlos.
El estudio también advierte que la dimensión del problema suele quedar subestimada por los métodos tradicionales de medición, que muchas veces no logran captar las particularidades de la urbanización informal ni las múltiples carencias que conviven en un mismo hogar.
Mientras tanto, el escenario se complejiza por la reducción de las políticas públicas destinadas al hábitat. Durante el último año se paralizaron obras de urbanización, disminuyó la inversión nacional en infraestructura y fue eliminado el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), herramienta que financiaba mejoras en barrios populares. A ello se suma que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión pública cayó un 27% en términos reales durante 2025 y las transferencias de capital destinadas a obras retrocedieron un 48,6%.
Los especialistas coinciden en que semejante nivel de déficit difícilmente pueda resolverse con intervenciones aisladas. El desafío pasa por sostener políticas de largo plazo que combinen infraestructura, servicios básicos y mejoramiento habitacional. Porque cuando una familia accede a agua segura, una calle urbanizada o una vivienda más digna, no cambia solamente una casa: cambia también la posibilidad de construir comunidad, cuidar la salud y proyectar un futuro con mayor igualdad.
